Venezuela libera a 104 detenidos y reaviva el debate sobre los presos políticos

Venezuela libera a 104 detenidos y reaviva el debate sobre los presos políticos

Venezuela

El Gobierno de Venezuela reactivó este domingo el proceso de excarcelaciones con la liberación de 104 personas detenidas por motivos políticos, principalmente en centros penitenciarios del interior del país. Con estos casos, organizaciones no gubernamentales contabilizan 266 liberaciones desde el 8 de enero, todas bajo medidas cautelares y en un esquema que califican como gradual y limitado.

El Ejecutivo, por su parte, eleva la cifra a 626 excarcelados, al incluir beneficios otorgados a finales de diciembre. La diferencia en los números refleja, una vez más, la falta de información oficial consolidada y la disparidad de criterios entre las autoridades y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Entre los liberados figura Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, organización que ha asumido la defensa de numerosos detenidos en el contexto postelectoral. Tejeda fue arrestado en agosto de 2024 cuando acudió a una sede policial para representar a un manifestante detenido tras las protestas por los resultados de las presidenciales en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. Permanecen encarcelados otros activistas de alto perfil, como Javier Tarazona, de Fundaredes, y Eduardo Torres, de Provea.

Las excarcelaciones han generado escenas de celebración en distintas comunidades. Dirigentes políticos y activistas han sido recibidos por familiares y simpatizantes en actos improvisados en barrios e iglesias. En algunos casos, los retornos han tenido alto contenido simbólico, con actos religiosos y manifestaciones públicas de respaldo. El exdiputado Biaggio Pilieri, cercano a María Corina Machado, regresó a su localidad tras 17 meses detenido en El Helicoide. También fueron liberados dirigentes regionales vinculados a partidos opositores como Vente Venezuela y Voluntad Popular.

El tema ha reactivado movilizaciones estudiantiles y protestas en universidades, donde se exige la liberación total de los detenidos. Grupos de familiares mantienen vigilias frente a centros penitenciarios y organizaciones civiles coordinan apoyo logístico para quienes esperan noticias de sus allegados. La presión interna coincide con cuestionamientos internacionales y con la atención de Washington sobre la situación venezolana.

La Plataforma Unitaria Democrática informó que ha verificado 258 excarcelaciones desde el 8 de enero y sostiene que aún permanecen detenidas al menos 854 personas por razones políticas. Foro Penal reportaba antes de la jornada del domingo 777 presos políticos, mientras que Justicia Encuentro y Perdón superaba los 900 casos. Las cifras no coinciden entre sí ni con las oficiales.

Las liberaciones, además, no implican libertad plena. En la mayoría de los casos se han impuesto restricciones como prohibición de declarar a medios, obligación de presentación periódica ante tribunales y veto de salida del país. Defensores denuncian que se trata de medidas condicionadas que mantienen abiertos los procesos judiciales.

La opacidad persiste como elemento central. No existen listados oficiales públicos y el proceso de verificación depende de familiares y abogados. Paralelamente, se han reportado nuevas detenciones de personas cuyos allegados no habían formalizado denuncias por temor a represalias.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que solicitará al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la revisión de los listados en una conversación prevista para este lunes. Sin embargo, la relación entre el Gobierno venezolano y esa instancia atraviesa un punto crítico.

La oficina del Alto Comisionado cerró formalmente su presencia en el país a finales del año pasado, tras la expulsión de su personal en febrero de 2024 por orden de Maduro. La decisión se produjo después de que el organismo alertara sobre la desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel. Aunque el Ejecutivo había manifestado disposición a permitir el retorno de la misión, los permisos no se concretaron. Meses atrás, la Asamblea Nacional declaró persona non grata a Türk tras la publicación de un informe crítico sobre la situación de derechos humanos posterior a las elecciones presidenciales.

El proceso de excarcelaciones avanza, pero bajo cuestionamientos sobre su alcance, transparencia y sostenibilidad. Las organizaciones insisten en que el objetivo debe ser una liberación masiva, pública y sin condicionamientos, mientras el Gobierno sostiene que se trata de revisiones judiciales ordinarias. El balance final sigue abierto.

Fuente: El País

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