El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia impuso sanciones económicas a más de 30 medios de comunicación por difundir contenidos considerados como propaganda electoral fuera del periodo autorizado. Entre los sancionados se encuentran los periódicos El Diario (La Paz), Correo del Sur (Sucre) y los portales Urgentebo y Brújula Digital, según informó el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

De acuerdo con lo señalado por el vocal del TSE, Gustavo Ávila, las publicaciones cuestionadas corresponden a columnas de opinión difundidas entre el 15 y el 17 de agosto, que habrían favorecido o perjudicado a candidatos en el actual proceso electoral. El funcionario aclaró que la institución continuará aplicando la normativa vigente para garantizar la equidad en la contienda.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) reaccionó con un comunicado en el que rechazó tanto el monto de las multas como la interpretación del TSE, al considerar que las opiniones no constituyen propaganda. La organización advirtió que las sanciones afectan la libertad de prensa y contravienen los estándares internacionales y la propia Ley de Imprenta.

Ávila, sin embargo, sostuvo que el cumplimiento de la ley es prioritario y adelantó que la próxima semana serán citados los propietarios de los principales medios para evitar lo que definió como una posible “guerra sucia informativa” de cara a la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga.

La ANP denuncia afectación a la libertad de expresión

La ANP también denunció que al menos cuatro medios independientes podrían quedar marginados como anunciadores en el próximo proceso electoral si se mantienen las medidas, lo que, en su opinión, sentaría un precedente negativo para el periodismo boliviano.

La controversia refleja la tensión entre las facultades regulatorias del órgano electoral y el derecho a la libertad de expresión. Mientras el TSE asegura que las sanciones buscan preservar la transparencia del proceso, la ANP insiste en que la aplicación extensiva del concepto de “propaganda” limita el debate público y vulnera principios democráticos.

En este contexto, la disputa sobre los alcances de la legislación electoral permanece abierta, con un país en plena campaña y bajo la presión de garantizar comicios limpios sin restringir la pluralidad informativa.

Fuente: Infobae