Se trata de una decisión sin precedentes: nunca antes un mandatario en ejercicio había enfrentado un proceso de desafuero en Costa Rica. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dividida en tres bloques, será la que incline la balanza.

Bloques definidos

A favor del levantamiento están 16 diputados de Liberación Nacional (PLN), seis del Frente Amplio (FA), tres del PUSC, dos del Partido Liberal Progresista (PLP), cinco independientes y la oficialista disidente Luz Mary Alpízar (PPSD).

En contra se han pronunciado los ocho legisladores chavistas del PPSD, seis de Nueva República (PNR), tres del PUSC y el independiente Gilberth Jiménez, aliado del oficialismo.

Con este panorama, solo seis votos permanecen en la indefinición, tres de ellos en manos del PUSC.

La fracción socialcristiana, partida en tres

El PUSC, con nueve diputados, muestra fracturas internas pese al llamado de su candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, para apoyar el desafuero.

• A favor: Alejandro Pacheco, Vanessa Castro y Carlos Felipe García.

• En contra: Leslye Bojorges, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles.

• Indecisos: Horacio Alvarado, Daniela Rojas y María Marta Carballo.

Los tres indecisos mantienen vínculos políticos cercanos a Erwen Masís, representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo clave en el contrato bajo investigación.

Los otros indecisos

Fuera del PUSC, permanecen sin definir Luis Diego Vargas (independiente, exPLP), Carolina Delgado y José Joaquín Hernández (ambos PLN). El jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, admitió que aún no hay certeza sobre sus votos.

Una votación incierta

La votación se realizará el lunes 22 de septiembre. Nueve diputados han solicitado permisos de ausencia para ese día, lo que añade incertidumbre, aunque no todos se ausentarían finalmente.

Mientras la oficialista Pilar Cisneros califica el expediente judicial como “endeble” y basado en “la palabra de un mentiroso”, diputadas como Luz Mary Alpízar sostienen que el deber de los legisladores es actuar con apego a la institucionalidad y la Constitución.

El resultado de la votación marcará un hito en la política costarricense y definirá si Rodrigo Chaves enfrenta el proceso penal sin el blindaje que le otorga su investidura presidencial.

Fuente: Nación