La comunicación no es un lujo institucional: es una necesidad estratégica
Por: Helios Ruíz
En instituciones del tamaño y la relevancia del Poder Judicial de la Federación, la comunicación no puede entenderse como un área operativa dedicada únicamente a emitir boletines o responder cuestionamientos. La comunicación es una función estratégica que acompaña a la institución en cada decisión relevante, especialmente en contextos de alta exposición pública.
Hablar de estrategia de comunicación no significa construir discursos sofisticados ni recurrir a tecnicismos. Significa, ante todo, tener claridad sobre qué se quiere transmitir, a quién, en qué momento y con qué sensibilidad social. Las instituciones públicas no comunican en el vacío: lo hacen frente a ciudadanos informados, críticos y cada vez más atentos a las incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace.
Una estrategia de comunicación bien definida permite anticipar escenarios, identificar riesgos reputacionales y preparar mensajes antes de que los temas estallen. No elimina la crítica, pero sí evita la improvisación. Y en comunicación institucional, improvisar suele ser más costoso que guardar silencio.
El manejo de crisis, por su parte, no comienza cuando el problema ya es tendencia. Comienza mucho antes, con protocolos claros, vocerías definidas y una comprensión profunda de que la percepción pública también es una realidad que debe gestionarse. Las crisis no se apagan únicamente con datos; se contienen con empatía, coherencia y consistencia.
En América Latina, donde la desconfianza hacia las instituciones es un fenómeno extendido, la comunicación estratégica cumple un rol aún más delicado. No se trata de convencer, sino de explicar. No de justificar, sino de contextualizar. Cuando una institución no explica, alguien más lo hará por ella, y no siempre con buena intención.
La experiencia comparada muestra que las instituciones que invierten en comunicación estratégica no lo hacen para verse mejor, sino para ser entendidas. Y ser entendido es el primer paso para construir legitimidad. La ciudadanía no exige perfección, pero sí congruencia. No espera instituciones impecables, pero sí transparentes en sus decisiones.
En ese sentido, pensar la comunicación como una mejor práctica institucional no es opcional. Es una responsabilidad inherente al ejercicio del poder público. Porque cuando la comunicación falla, no solo se daña la imagen: se debilita el vínculo entre la institución y la sociedad a la que debe servir.
