Elecciones en Costa Rica: entre la incertidumbre y la redefinición democrática
Por: Eugenio Herrea
Costa Rica cuenta con una de las tradiciones democráticas más antiguas y sólidas de América Latina. Desde mediados del siglo XX, el país ha celebrado elecciones periódicas cada cuatro años, con reglas claras, alternancia en el poder y un arraigo institucional que ha dado estabilidad a la vida política nacional. A ello se suma un rasgo distintivo de su identidad republicana: la abolición del ejército en 1948, decisión que consolidó una apuesta histórica por la vía civil, el Estado de derecho y la resolución pacífica de los conflictos.
Sin embargo, esa fortaleza histórica no ha impedido que, en los últimos procesos electorales, el país haya ingresado en un terreno de creciente incertidumbre política. Las tres elecciones presidenciales más recientes arrojaron resultados que, hasta poco antes de la votación, parecían francamente inimaginables. Los candidatos que finalmente alcanzaron la Presidencia no figuraban entre los favoritos ni lideraban las encuestas, y pocos analistas anticiparon que lograrían consolidar el apoyo suficiente para imponerse en la contienda. Esta experiencia ha debilitado la confianza en las proyecciones tradicionales y obliga hoy a asumir con cautela cualquier predicción electoral.
Este fenómeno debe analizarse en un contexto más amplio. Costa Rica no ha quedado al margen del avance del populismo en América Latina. Los partidos políticos que durante décadas estructuraron la competencia electoral y canalizaron identidades ideológicas han perdido centralidad. Se impone un escenario donde las ideologías ceden espacio a liderazgos personalistas y discursos que apelan directamente a las emociones del electorado, muchas veces por encima de los programas y las propuestas de fondo.
En el proceso actual, cuya primera ronda se celebrará el 1 de febrero, el escenario vuelve a ser complejo, aunque presenta elementos distintivos. Con veinte candidaturas presidenciales inscritas, diversas encuestas señalan un avance significativo de la candidata del oficialismo, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, quien encabeza las intenciones de voto con una ventaja amplia. Muy por detrás aparecen Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, Ariel Robles, del Frente Amplio, Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana, y Fabricio Alvarado, de Nueva República. El resto de las candidaturas permanece dentro del margen de error de las mediciones, con respaldos tan bajos que, por ahora, no permiten prever una incidencia determinante en el resultado final.
Este posicionamiento de la candidatura oficialista no es casual. Responde, en buena medida, a una campaña política y comunicacional sostenida desde el inicio de la actual administración, basada principalmente en una estrategia intensiva en redes sociales. Los niveles de aceptación pública alcanzados por el gobierno no tienen precedentes recientes, y esa simpatía se ha trasladado de manera directa a su candidatura. A ello se suma un factor adicional: salvo el oficialismo, que dispone de recursos suficientes para financiar una campaña nacional amplia y sostenida, la mayoría de las fuerzas de oposición no ha logrado levantar fondos significativos, limitando su capacidad de presencia territorial, comunicación y posicionamiento público frente al electorado.
A esta dinámica se suma una oposición profundamente fragmentada. Como ya se señaló, con veinte candidaturas presidenciales, lejos de reflejar una pluralidad efectiva, evidencian una dispersión política significativa. De ese universo, apenas una cuarta parte logra aparecer con consistencia en las encuestas. Esta fragmentación no fortalece la democracia ni amplía las opciones reales para la ciudadanía; por el contrario, diluye el debate, confunde al electorado y termina concentrando la contienda en pocos actores.
La ausencia de voluntad para construir alianzas o coaliciones electorales refuerza este escenario. La dispersión de liderazgos y la dificultad para articular acuerdos han impedido conformar una alternativa sólida frente al oficialismo, lo que favorece objetivamente a la candidatura gubernamental ante un electorado dividido.
Estas elecciones no se limitan a renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que está en juego es más profundo: el resultado de la contienda puede definir el escenario político e institucional para transformaciones de gran calado en el modelo democrático costarricense y en la propia configuración de la sociedad. Reformas al Estado, ajustes en el sistema político y, eventualmente, la apertura de un proceso constituyente podrían abrirse paso según la correlación de fuerzas que emerja de las urnas.
En ese contexto, la elección legislativa adquiere una relevancia estratégica de primer orden. Históricamente ha sido difícil anticipar con precisión la distribución de las curules en la Asamblea Legislativa debido a la fragmentación partidaria y a la volatilidad del voto. No obstante, todo indica que podría producirse una redistribución significativa del poder parlamentario: el oficialismo tendría opciones reales de aumentar sustancialmente su representación, mientras que la izquierda muestra señales de crecimiento. En contraste, el centro político y la derecha enfrentan escasas posibilidades de expansión.
Si el oficialismo logra, ya sea por sí solo o mediante alianzas, una mayoría amplia en el Congreso concentrará una fuerza política decisiva con capacidad de incidir directamente en el equilibrio institucional y en el rumbo de la democracia costarricense en los próximos años.
No es casual que algunas voces adviertan similitudes entre el escenario costarricense actual y momentos previos al ascenso de liderazgos como los de Hugo Chávez en Venezuela o Nayib Bukele en El Salvador. No se trata de equiparar realidades distintas, sino de advertir dinámicas comunes: altos niveles de apoyo popular, debilitamiento de los partidos tradicionales, fragmentación de la oposición y concentración progresiva del poder institucional, procesos que en otros contextos comenzaron con amplios respaldos electorales y se desarrollaron dentro de marcos legales formales.
Aun así, todo sigue siendo especulativo. La experiencia reciente demuestra que la lógica basada en encuestas y proyecciones tiene límites evidentes en Costa Rica. Los estudios ofrecen tendencias, no certezas, y una porción significativa del electorado define su voto el mismo día de las elecciones. El país se encamina, así, hacia una contienda marcada por la incertidumbre y la fragmentación política, donde el desafío central no es solo elegir a quien ocupará la Presidencia, sino resguardar el equilibrio institucional y fortalecer la democracia que Costa Rica ha construido y sostenido por más de un siglo.
