Las principales petroleras de Estados Unidos han optado por mantenerse al margen del acuerdo petrolero histórico anunciado entre Washington y Caracas, que otorga el control mayoritario de 17 yacimientos venezolanos con reservas equivalentes a 65.000 millones de barriles. Este pacto, firmado a finales de agosto entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, busca revitalizar la industria petrolera venezolana, pero sorprende al no contar con la participación de gigantes como ExxonMobil o ConocoPhillips.
En lugar de estas multinacionales, la explotación de los campos petroleros ha sido asignada a North American Blue Energy Partners (Nabep), una empresa poco conocida registrada en Barbados. La compañía, que aún no ha operado públicamente en otros países, controlará un volumen de reservas que supera ampliamente a las de Petrobras en Brasil o Pemex en México, según el análisis del abogado José Ignacio Hernández para el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS). Estados Unidos tendrá una participación del 35% en Nabep y derechos preferenciales sobre el 20% de la producción a precio de coste.
Esta decisión refleja la compleja situación que atraviesa la industria petrolera venezolana, afectada por décadas de crisis. La producción cayó de un récord de más de tres millones de barriles diarios en 1998 a poco más de un millón actualmente. Para recuperar los niveles anteriores se requerirían inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares durante aproximadamente ocho años, una cifra que el Estado venezolano no puede asumir por sí solo. Por ello, la entrada de capital privado, especialmente de compañías estadounidenses, es vista como esencial para la recuperación del sector.
Sin embargo, las grandes petroleras han expresado reservas sobre las condiciones legales, políticas y económicas que imperan en Venezuela. ExxonMobil, a través de su presidente Darren Woods, ha señalado que el país no ofrece un marco viable para la inversión, subrayando la necesidad de reformas profundas que garanticen la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria. En respuesta a estas críticas, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en 2025 una reforma parcial a la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión privada, aunque la legitimidad de este parlamento es cuestionada por sectores opositores y parte de la comunidad internacional.
Otro de los factores que disuaden a las grandes petroleras es el riesgo político y legal inherente a operar en Venezuela. El acuerdo fue firmado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, cuya presidencia es considerada fraudulenta por Estados Unidos y otros países. La concesión de los yacimientos a Nabep se efectuó sin licitación pública y bajo la llamada Ley Antibloqueo, una norma aprobada para evadir sanciones estadounidenses, lo que genera incertidumbre jurídica sobre la validez y duración de los contratos. Además, el principal ejecutivo de Nabep, Alejandro Betancourt, ha estado involucrado en investigaciones de corrupción, aunque no ha sido formalmente acusado, lo que añade un componente de riesgo reputacional para cualquier socio potencial.
En este contexto, las empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil permanecen cautelosas, evaluando factores como estabilidad económica, respeto al Estado de derecho y mecanismos para recuperar deudas pendientes derivadas de expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez. La disputa por compensaciones millonarias en tribunales internacionales mantiene un telón de fondo tenso que dificulta el regreso de estas corporaciones.
Los analistas coinciden en que la ausencia de las grandes petroleras responde más a un cálculo estratégico frente a los riesgos políticos y legales que a una incapacidad técnica o financiera. El economista venezolano Asdrúbal Oliveros señala que, para yacimientos de esta escala, eventualmente Nabep podría necesitar asociarse con empresas de mayor envergadura, pero estas querrán garantías claras sobre el marco regulatorio y la estabilidad política.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha justificado su alianza con Nabep por la rapidez con la que esta empresa ha logrado aumentar la producción petrolera en Venezuela. El acuerdo también parece responder a una estrategia política interna, ya que Trump busca mostrar un “logro” que impacte positivamente en el mercado energético estadounidense antes de las elecciones de mitad de mandato.
Sin embargo, expertos como José Toro Hardy insisten en que el éxito a largo plazo depende de una reconstrucción previa de la seguridad jurídica y de la legitimidad política en Venezuela. Sin esas condiciones, la firma de contratos se convierte en un ejercicio prematuro que difícilmente atraerá la inversión masiva necesaria para revitalizar la industria petrolera.
Este escenario refleja las múltiples contradicciones y desafíos que enfrenta la relación energética entre dos países con intereses económicos convergentes pero con profundas diferencias políticas y legales. La historia reciente ha demostrado que la estabilidad y la confianza son factores insoslayables para inversiones de largo plazo, especialmente en un sector tan estratégico como el petróleo.
Para entender mejor la compleja coyuntura venezolana y su impacto en la industria petrolera global, puede consultarse el análisis del Banco Mundial sobre la crisis económica venezolana y las perspectivas para la recuperación, así como las directrices de la UNESCO sobre gobernanza y desarrollo sostenible en contextos de alta incertidumbre.
El “mayor acuerdo petrolero de la historia” entre Estados Unidos y Venezuela, aunque ambicioso y cargado de simbolismo, enfrenta una serie de obstáculos estructurales y políticos que ponen en duda su viabilidad y el rol que jugarán las grandes petroleras en el futuro cercano.
Resumen y contexto
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Las principales petroleras de Estados Unidos han optado por mantenerse al margen del acuerdo petrolero histórico anunciado entre Washington y Caracas, que otorga el control mayoritario de 17 yacimientos venezolanos con reservas equivalentes a 65.000 millones de barriles. Este pacto, firmado a finales de agosto entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, busca revitalizar la industria petrolera venezolana, pero sorprende al no contar con la participación de gigantes como ExxonMobil o ConocoPhillips. En lugar de estas multinacionales, la explotación de los…
