Ecuador en disputa entre gobernabilidad y legitimidad
Por: Grace Jiménez
Ecuador es un país con 18,4 millones de habitantes, representando el 0,22% de la población mundial, con una edad promedio de 30 años, es decir, nuestro país la mayor parte de la población está compuesta por millennials. Este no solo es un dato demográfico, es una clave estructural para entender la dinámica política. Se trata de un país donde predominan generaciones jóvenes-adultas, lo que configura una ciudadanía distinta en expectativas, comportamiento electoral y relación con el poder. No responde a las lógicas tradicionales de la política. Es menos ideológica y más pragmática; menos leal a estructuras partidarias y más sensible a resultados concretos. Evalúa la gestión en tiempo real, consume información de manera digital y reacciona rápidamente ante crisis o incoherencias.
Esto redefine completamente la competencia política. Ya no basta con construir identidad partidaria o discurso histórico; se requiere capacidad de gestión, narrativa clara y conexión directa con las preocupaciones cotidianas: empleo, seguridad, oportunidades y movilidad social. Los ecuatorianos no premian trayectorias, sino desempeños. No sostienen proyectos por afinidad ideológica, sino por eficacia percibida.
Por este y varios contextos, el Ecuador vive una reconfiguración de la política hacia una tendencia regional marcada por el debilitamiento de la confianza institucional y la fragmentación del sistema político, es decir ya no piensa en el futuro como en el 99 sino exige respuestas reales e inmediatas a sus problemas latentes.
Actualmente en el Ecuador hay un montón de ruido, pero pareciera que no pasa nada. Si comparamos las cifras de perfiles de opinión del año 2023 donde 9 de cada 10 ecuatorianos tienen un alto grado de pesimismo, hoy con todo lo que está pasando, hasta febrero del 2026 son 7 de cada 10 ecuatorianos, no solamente varía sino se reduce.
Los hechos recientes como la detención de una autoridad local, la grave crisis de inseguridad, la aprobación de dos leyes muy criticadas, el aumento de aranceles a Colombia y la declaración de un presunto narcotraficante en el Ecuador, no mueven las cifras de valoración, sin embargo, es probable que se queden solo en la percepción.
Datos de opinión pública evidencian una paradoja persistente: aunque más del 60% de los ciudadanos en América Latina prefiere la democracia, menos del 30% confía en sus instituciones. Este desfase entre legitimidad normativa y funcional define el momento político. Ecuador reproduce este patrón, con niveles de desconfianza que afectan la estabilidad del sistema.
La judicialización de la política se ha vuelto estructural en la región. Casos en países como Perú y Brasil muestran que los procesos contra actores políticos pueden fortalecer el Estado de derecho o profundizar la polarización, dependiendo de su consistencia institucional. En Ecuador, estos hechos inciden directamente en la percepción sobre el uso del poder. Lo político está sobre lo jurídico.
La detención del alcalde de Guayaquil no es solo un proceso legal: es un hecho que redefine relaciones de poder frente a una campaña electoral seccional y percepciones ciudadanas. Recordemos que no hay vacíos en política, al final cualquiera de los bandos va a tomar ese espacio y solventar una narrativa.
Datos de la encuestadora ecuatoriana CIEES de fecha marzo/26 muestra una aparente contradicción, aunque un 62% considera que el Gobierno utiliza la justicia para perseguir adversarios, un 51,7% cree que Álvarez enfrenta problemas reales con la justicia, frente a un 35,7% que lo percibe como víctima de persecución. Es decir, la narrativa de persecución no logra imponerse como dominante. Este dato es estratégico: evidencia que la ciudadanía puede reconocer simultáneamente posibles abusos de poder y, a la vez, validar acciones judiciales contra actores políticos. No hay una lectura binaria. El caso Álvarez revela un cambio estructural: la ciudadanía ecuatoriana no está evaluando la política en términos normativos, sino pragmáticos. Esto redefine la competencia política, donde la narrativa de resultados puede pesar más que las advertencias sobre la calidad democrática.
Cruzando estos resultados con datos regionales, solo el 19% de los ecuatorianos se declara satisfecho con la democracia y un 74% estaría dispuesto a aceptar concentración de poder a cambio de soluciones, se configura un escenario clave: la legitimidad ya no se construye únicamente desde la institucionalidad, sino desde la eficacia percibida.
El principal desafío radica en la tensión entre gobernabilidad y legitimidad. Mientras los gobiernos buscan respuestas inmediatas a la crisis de seguridad y economía, las instituciones requieren tiempo y consenso. Este desfase alimenta el desencanto ciudadano y abre espacio a soluciones simplificadas. Ecuador enfrenta un punto de inflexión. Las decisiones sobre reformas, justicia y gobernabilidad definirán no solo la coyuntura, sino el tipo de democracia a consolidarse. La evidencia regional es clara: las democracias se erosionan cuando pierden credibilidad.
Recuperar la confianza implica combinar resultados con institucionalidad, y liderazgo con inclusión. En ese proceso, el papel de las mujeres será clave no como símbolo, sino como actor real en la toma de decisiones.
El desafío es claro: no administrar la crisis, sino redefinir el sistema político con equilibrio entre poder, legitimidad e inclusión.
