El documento como argumento político
Por: Helios Ruíz
Un sello en un pasaporte no es una acusación penal. Tampoco es un halago. En México, esta semana, un trámite consular se convirtió en el centro de la conversación nacional, y el modo en que cada bando lo procesó dice más sobre el estado de nuestra política que el hecho mismo.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y exsecretario de Organización de Morena, hizo público que Estados Unidos le canceló la visa y calificó la decisión como “politiquera y propagandística”. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que la medida tiene un sentido político e injerencista, descartó que provoque un conflicto con Washington y recordó que en otros casos de funcionarios a quienes se les revocó el documento tampoco se presentaron pruebas contundentes. Al día siguiente, en Tamaulipas, resumió su posición en una frase que ya circula como consigna: “una visa no define a una persona”. Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación publicaron un desplegado conjunto de respaldo, la dirigencia partidista habló de un mensaje dirigido a intimidar a quienes defienden la soberanía, y la oposición celebró: legisladoras del PAN exigieron a la Fiscalía General de la República abrir investigación sobre los negocios e ingresos del señalado.
Empecemos por lo que es cierto en el argumento oficial, porque lo es. El criterio con el que se cancelan visas no es parejo. La propia presidenta lo señaló: la categoría de “personas políticamente expuestas” no se aplica igual en todos los países, y la medida ocurre en un contexto electoral estadounidense donde señalar corrupción ajena rinde votos propios. Se calcula que la administración estadounidense ha cancelado más de ciento setenta y cinco mil visas desde su regreso al poder. Y hay un detalle que debería incomodar a cualquiera, más allá de simpatías: un subsecretario de Estado celebró el episodio en redes sociales invitando al público a rellenar las palomitas porque le encantaría lo que venía. Un funcionario de esa jerarquía tratando la vida institucional de un país vecino como un espectáculo de temporada no es diplomacia; es una forma de decir quién manda.
Nada de eso, sin embargo, resuelve la otra mitad del problema. Y la otra mitad es esta: la soberanía no es un expediente. No investiga, no acredita, no absuelve. Cuando un gobierno responde a un señalamiento externo únicamente con la reivindicación de su independencia nacional, deja intacta la única pregunta que la ciudadanía necesita contestada, que es si hay algo que investigar y quién lo está investigando.
Aquí conviene la precisión: la presidenta no cerró esa puerta. Dijo que si hubiera una investigación formal en México y se acreditara un delito, no habría protección desde Palacio Nacional. Es la afirmación correcta, y es exactamente la que hay que sostener con hechos. Porque el problema del argumento soberanista no es que sea falso, sino que es demasiado cómodo: sirve igual para el inocente y para el culpable, y por eso mismo no informa a nadie.
Este es el punto donde el episodio deja de ser mexicano y se vuelve latinoamericano. En toda la región estamos aprendiendo a delegar en autoridades extranjeras la función de señalar a nuestras élites. Cuando el Departamento de Estado, un tribunal del distrito sur de Nueva York o una lista de sanciones se convierten en la instancia que primero nombra lo que nuestras fiscalías no nombran, hemos perdido algo más grave que una visa: hemos aceptado que la rendición de cuentas es un servicio importado. Y la izquierda que denuncia la injerencia tiene razón en denunciarla, pero solo será creíble el día en que sus propias instituciones lleguen antes.
Porque lo que la oposición hace tampoco resiste examen. Celebrar la cancelación de un documento migratorio como si fuera una sentencia, aplaudir la presión de un gobierno extranjero sobre la política interna porque incomoda al adversario, es entregar por conveniencia lo mismo que se dice defender. Ahí la incoherencia es simétrica.
Al final, en esta historia hay dos verdades que nadie quiere sostener juntas: que el uso selectivo del poder consular como instrumento de presión política existe y merece llamarse por su nombre, y que ninguna soberanía se defiende con desplegados si el ministerio público no funciona.
La independencia de un país no se mide por lo que responde cuando lo señalan desde fuera. Se mide por lo que se atreve a investigar por dentro.
