Supersolidaria denuncia al alcalde de Santa Marta por presunta presión electoral a contratistas
Acusan al alcalde Carlos Pinedo de usar la estructura pública para fines políticos en Santa Marta
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo Cuello, por presunta presión política a contratistas y uso indebido de la estructura administrativa del Distrito con fines electorales. La denuncia, radicada el 9 de junio de 2026, señala la existencia de una posible red de constricción al sufragante, corrupción electoral y participación política indebida de servidores públicos.
Detalles de la denuncia y presuntas irregularidades
La superintendente María José Navarro Muñoz entregó la denuncia penal ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Grupo de Delitos Electorales de la Fiscalía, y notificó a la Procuraduría General de la Nación para posibles investigaciones disciplinarias.
Según el documento, habría una estructura al interior de la Alcaldía de Santa Marta que convocaba y presionaba a contratistas, funcionarios y personal vinculado a programas sociales para participar en actividades político-electorales. Estas acciones incluirían plantones, volanteo, caravanas y “tomas” de barrios y semáforos, todas orientadas al apoyo de una candidatura presidencial de sectores de derecha.
Presión sobre contratistas y uso de recursos públicos
La denuncia indica que la participación no habría sido voluntaria, pues algunos contratistas recibieron mensajes advirtiendo que quien no participara podría perder futuras contrataciones o no renovar sus contratos actuales. Además, se menciona que la presión estaría relacionada con la continuidad contractual y el pago de honorarios pendientes.
Entre las pruebas entregadas están dos documentos denominados “Toma de Barrios” y “Toma de Semáforos”, que contienen cronogramas detallados con fechas, horarios y sectores específicos para realizar actividades políticas. En estos listados figuran múltiples dependencias distritales, como Salud, Gobierno, Seguridad, Educación, Hacienda, Cultura, Infraestructura, entre otras. Esto podría indicar una posible coordinación institucional para apoyar campañas electorales.
También se anexaron capturas de conversaciones de WhatsApp con presuntas instrucciones de participación y seguimiento a contratistas, incluyendo la plataforma “votaciones.xyz” para registrar votantes y verificar mesas electorales.
Reacciones y próximos pasos
La superintendente Navarro enfatizó que muchas de las pruebas provienen de denuncias anónimas y que será la Fiscalía la encargada de autenticar y verificar la información. Solicitó la apertura formal de una investigación criminal, la identificación de responsables y la revisión de recursos públicos utilizados para fines políticos.
Además, se pidió a la Fiscalía requerir información a la Alcaldía sobre las actividades denunciadas, como correos electrónicos, chats institucionales, listados de asistencia y registros fotográficos, para aclarar los hechos.
La presunta red de presión política dentro de la Alcaldía de Santa Marta, de comprobarse, podría afectar la transparencia electoral, la libertad del voto y el deber de neutralidad de la administración pública durante los procesos electorales. Este caso resalta la importancia de la vigilancia institucional para garantizar elecciones libres y justas en Colombia.
Para conocer más sobre los procesos electorales y la vigilancia de la libertad del sufragio, puede consultarse la información oficial del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
