SCJN resuelve 821 asuntos con prioridad en la protección de grupos vulnerables

SCJN resuelve 821 asuntos con prioridad en la protección de grupos vulnerables

México

En los primeros 100 días de la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Pleno resolvió 821 asuntos con un enfoque centrado en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad.

De acuerdo con un comunicado del Máximo Tribunal, en materia de derechos de los pueblos indígenas la Corte invalidó disposiciones de la Ley Municipal de Nayarit que limitaban su representación a cargos honoríficos con derecho únicamente a voz. El Pleno estableció que las comunidades indígenas deben participar de manera efectiva en la toma de decisiones sobre políticas y proyectos que impactan directamente en su vida, su territorio y sus formas de organización.

En cuanto a los derechos de las mujeres, la SCJN anuló normas que criminalizaban de forma absoluta la interrupción del embarazo en Tlaxcala y avaló diversas reformas legales en materia de violencia vicaria, tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Civil Federal y el Código Penal Federal.

En el ámbito electoral, la Corte ratificó una reforma en Morelos que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres en un bloque de ayuntamientos como medida de acción afirmativa. El Pleno precisó que la libertad de autoorganización partidista no puede utilizarse como argumento para impedir el acceso de las mujeres a cargos municipales donde históricamente han estado subrepresentadas.

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes también fue prioritaria. En un caso relacionado con la propiedad de una vivienda habitada por un adolescente con discapacidad, la SCJN ordenó que el conflicto se resolviera privilegiando su derecho a la vivienda y a los alimentos, e instruyó a las autoridades judiciales a aplicar el principio del interés superior de la niñez con perspectiva de discapacidad.

Asimismo, al revisar la condena de un hombre que dejó de proporcionar alimentos a sus hijas, el Pleno confirmó que el delito de incumplimiento de obligaciones familiares protege de manera directa el derecho de las infancias a recibir alimentos, y aclaró que la expresión “sin motivo justificado” no puede utilizarse para encubrir el abandono de dicha responsabilidad.

Durante este periodo, la Corte también avaló el otorgamiento de pensiones por ascendencia basadas en vínculos reales de afecto y cuidado, aun sin la existencia de un lazo biológico. Además, determinó que hijas e hijos mayores de edad pueden recuperar recursos de cuentas individuales de padres fallecidos sin necesidad de acreditar dependencia económica.

En materia de derechos sociales, la SCJN examinó leyes de ingresos municipales de Morelos que imponían multas por dormir en la vía pública. El Pleno invalidó estas sanciones al considerar que criminalizan de manera desproporcionada a personas sin hogar y abren la puerta a posibles abusos de autoridad contra quienes viven en situación de calle.

Finalmente, el Máximo Tribunal estableció que los centros penitenciarios están obligados a entregar copias gratuitas de los expedientes penales para garantizar el derecho a una defensa adecuada, y facilitó el acceso al juicio de amparo en casos de falta de atención médica o condiciones inadecuadas de internamiento.

Con estas resoluciones, la SCJN afirmó su compromiso de colocar en el centro de su labor jurisdiccional la protección de los derechos humanos de los sectores históricamente más vulnerables.

Fuente: La Jornada

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