Regular para proteger: Una deuda pendiente con los albergues animales en la Ciudad de México
Por: Judith Vanegas Tapia
Hablar de bienestar animal en la Ciudad de México ya no es un tema marginal ni accesorio. Hoy sabemos —y así lo reconoce nuestra Constitución local— que los animales son seres sintientes y que su protección está directamente relacionada con la salud pública, el equilibrio ambiental y la convivencia comunitaria.
Desde hace años, miles de personas, colectivos y asociaciones civiles han asumido una tarea que debería interpelarnos como sociedad: rescatar, cuidar, rehabilitar y dar una segunda oportunidad a animales en situación de abandono o maltrato. Lo hacen muchas veces sin recursos, sin respaldo institucional y, paradójicamente, sin certeza jurídica. A esos espacios les llamamos albergues, refugios, rescatistas independientes o casas de paso, pero la ley, hasta hoy, no los nombra ni los reconoce.
La ausencia de una regulación específica ha generado incertidumbre, criterios discrecionales, sanciones desproporcionadas y conflictos innecesarios entre autoridades, comunidades y quienes sostienen estos espacios con enorme esfuerzo.
Por ello, desde la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, impulsamos una iniciativa que considero fundamental: regular los albergues de animales desde un enfoque preventivo, proporcional y de corresponsabilidad social. No para criminalizar, sino para reconocer, ordenar y fortalecer.
Regular no es castigar.
Uno de los principales temores que escuchamos de rescatistas y asociaciones es claro: “regular” suele asociarse con multas, clausuras o cargas imposibles de cumplir. Esta iniciativa parte justamente del principio contrario.
Regular significa dar reglas claras, distinguir realidades distintas y acompañar, no perseguir. No es lo mismo un albergue comunitario con diez animales que una asociación con instalaciones de gran escala. Pretender tratarlos igual es profundamente injusto y técnicamente incorrecto.
Por eso, la propuesta incorpora el principio de proporcionalidad regulatoria, para que las obligaciones se ajusten a la capacidad real de cada albergue, evitando exigencias onerosas, trámites excesivos o requisitos pensados para actividades mercantiles.
Un modelo preventivo y humano
La iniciativa propone adicionar un capítulo específico a la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México, donde se establecen, por primera vez, definiciones claras, estándares mínimos verificables y un modelo de supervisión preventiva.
Entre los ejes centrales se encuentran:
• El reconocimiento legal de los albergues de animales como actividad de interés público.
• La creación de un Padrón de Albergues, con fines de planeación, apoyo y coordinación, no fiscales ni mercantiles.
• La incorporación de los dominios del bienestar animal como estándar mínimo de operación.
• Un esquema de supervisión orientada a la mejora continua, antes que a la sanción.
• Mecanismos de mediación comunitaria, para prevenir y resolver conflictos vecinales.
• Programas de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional.
Certeza jurídica para quienes cuidan
Legislar en esta materia también implica un acto de justicia. Durante años, rescatistas y asociaciones han operado en un terreno de ambigüedad legal, expuestos a interpretaciones discrecionales y a normas pensadas para otros fines. Eso vulnera el principio de seguridad jurídica y desalienta la participación ciudadana.
Con reglas claras, diferenciadas y conocidas, las personas responsables de albergues podrán saber con certeza qué se espera de ellas, cómo cumplir y a quién acudir para recibir apoyo. El Estado, por su parte, contará con información confiable para diseñar mejores políticas públicas.
Bienestar animal y convivencia urbana
Los albergues también tienen un impacto directo en la vida comunitaria. Manejo sanitario, residuos, ruido o concentración de animales son temas que deben atenderse con responsabilidad y acompañamiento técnico, no con confrontación.
Por ello, la iniciativa privilegia la mediación y la conciliación, reconociendo que la convivencia urbana se construye con diálogo, corresponsabilidad y soluciones institucionales, no con sanciones inmediatas.
Un paso hacia una política pública moderna
Esta reforma no crea nuevas estructuras burocráticas ni implica un impacto presupuestal extraordinario. Se apoya en las atribuciones ya existentes de las autoridades ambientales y de las alcaldías, y propone el uso de plataformas y herramientas administrativas actuales.
Se trata de avanzar hacia un modelo de gobernanza colaborativa, donde el Estado reconoce a los albergues como aliados estratégicos en la protección animal, y no como un problema que debe ser controlado.
Proteger a los animales también es proteger a quienes los cuidan
Legislar por el bienestar animal no es sólo hablar de normas, artículos y procedimientos. Es reconocer una realidad social, dignificar una labor profundamente humana y asumir que el cuidado de los animales es una responsabilidad compartida.
Con esta iniciativa, damos un paso firme para saldar una deuda histórica: proteger a los animales, fortaleciendo a quienes, desde la sociedad, ya lo hacen todos los días.
Porque regular no es criminalizar.
Regular es cuidar mejor.
Y cuidar mejor es una obligación ética, social y política.
