A un año de la reforma constitucional que entregó el poder absoluto a Ortega y Murillo
Juristas señalan que la reforma destruyó el Estado de Derecho en Nicaragua
Este 2 de febrero se cumple un año de la aprobación definitiva de una reforma constitucional en Nicaragua que concentró todo el poder en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La reforma, vigente desde febrero de 2025, modificó 148 artículos y eliminó el equilibrio entre poderes, lo que ha sido calificado por expertos y organismos internacionales como un retroceso hacia un régimen totalitario que desmantela el Estado de Derecho.
Cambios constitucionales y su impacto en Nicaragua
La reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y creó la figura de copresidenta, cargo que ocupa Murillo. Además, subordinó al Ejecutivo los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, centralizando el control político y eliminando los controles y contrapesos tradicionales.
Entre las modificaciones más controvertidas está la eliminación de la prohibición a la tortura y la incorporación de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, lo que ha sido interpretado por críticos como un signo de la militarización política y la pérdida de neutralidad del Estado.
Opiniones de expertos y juristas
Salvador Marenco, abogado y activista nicaragüense, afirmó que la reforma representa “la destrucción total del Estado” y la instauración de una dinastía familiar con fachada constitucional. Señaló que esta nueva Constitución está desvinculada del pacto social y alejada de los principios de un Estado que garantice derechos.
Por su parte, Juan Diego Barberena, también abogado en el exilio, advirtió que la reforma ha provocado el colapso del orden constitucional, transformando de facto una dictadura en una dictadura de derecho. “Los derechos fundamentales han sido restringidos en su esencia”, apuntó.
Reacciones internacionales y contexto político
La reforma ha sido cuestionada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que han denunciado la concentración de poder y la represión sistemática de la oposición en Nicaragua.
Desde 2007, Ortega ha gobernado Nicaragua en medio de denuncias de fraude electoral y violaciones a derechos humanos. La colaboración estrecha con Murillo desde 2017 ha consolidado un modelo de gobierno autoritario bajo un marco constitucional diseñado para perpetuar su poder.
Para más información sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y la respuesta internacional, puede consultarse el sitio oficial de la ONU.
La reforma constitucional de Nicaragua es un ejemplo reciente del debilitamiento institucional en la región, donde el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos fundamentales se han visto amenazados por procesos legislativos que buscan concentrar el poder político. Este caso continúa siendo objeto de análisis y seguimiento por parte de expertos y organismos internacionales.
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