Grupos en Nueva York alertan sobre temor entre inmigrantes por nueva regla de carga pública
Organizaciones denuncian que la medida genera miedo y afectará a familias inmigrantes a partir del 18 de septiembre
Nueva York, 20 de julio de 2026.— Diversas organizaciones en Nueva York alertaron sobre el miedo e incertidumbre que ha provocado entre la comunidad inmigrante la reactivación, a partir del 18 de septiembre, de la regla de carga pública por parte de la Administración de Donald Trump. Esta normativa puede negar la residencia permanente a quienes se considere que podrían depender de beneficios públicos, lo que afecta directamente a miles de familias que buscan regularizar su situación migratoria.
Impacto de la regla de carga pública en la comunidad inmigrante
La regla de carga pública, que ya estuvo vigente en 2020, establece que las autoridades migratorias pueden rechazar solicitudes de residencia permanente si consideran que el solicitante puede convertirse en una carga para el sistema público. Esta medida ha sido calificada por activistas como “cruel” y ha generado preocupación por sus consecuencias sociales y humanitarias.
Carlos Arnao, representante de la Coalición de Inmigración, advirtió que esta política podría incrementar las urgencias médicas, la desnutrición infantil y el hacinamiento en albergues para familias inmigrantes. “Veremos un aumento de las urgencias médicas, más escolares desnutridos y hambrientos, más familias ingresando al sistema de albergues y muchos otros daños evitables”, señaló durante una conferencia de prensa.
Por su parte, Javier Ramírez Baron, director ejecutivo de Cabrini Immigrant Services, relató la angustia que ha provocado la medida en las familias que atienden. Destacó el caso de una madre de un niño ciudadano estadounidense con necesidades médicas que depende de Medicaid y ayudas alimentarias, quien dudaba entre cancelar la cita médica de su hijo o continuar con el proceso migratorio.
Confusión y temor ante la falta de claridad del gobierno
Las organizaciones criticaron que el gobierno estadounidense no haya publicado una lista clara de los beneficios que se tomarán en cuenta para aplicar esta regla, lo que aumenta la confusión y el temor entre los inmigrantes. Randy Ali, del Centro de Apoyo a las Familias Árabe-Estadounidenses, y Kevin Cho, de la Federación Asiático-Americana, alertaron sobre el impacto en sus respectivas comunidades, con un alto número de personas que podrían abstenerse de solicitar prestaciones públicas por miedo a las consecuencias migratorias.
Kevin Cho recordó que, cuando la regla entró en vigor en 2019, los inmigrantes asiáticos no ciudadanos abandonaron los programas de ayuda alimentaria a un ritmo ocho veces mayor que los ciudadanos asiáticos, situación que refleja el efecto disuasorio de esta norma.
Faiza N. Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante en Nueva York, respaldó las críticas y aseguró que la ciudad utilizará “todas las herramientas a su alcance” para combatir estas políticas. Además, pidió a los inmigrantes buscar asesoría en organizaciones confiables para proteger sus derechos.
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración, enfatizó que “la norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes, sino disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios esenciales y crear un clima de miedo”.
Cambios administrativos y próximos pasos
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicará próximamente una versión actualizada del formulario I-485, que se utiliza para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio, reflejando los cambios derivados de esta regla.
Para quienes deseen informarse más sobre los derechos de los inmigrantes y las prestaciones públicas, es recomendable consultar fuentes oficiales como el sitio del gobierno de Estados Unidos https://www.gob.mx.
La reactivación de la regla de carga pública ha generado un ambiente de preocupación y desconfianza en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York, donde existen grandes poblaciones afectadas. El seguimiento a esta política y su impacto social seguirá siendo un tema prioritario para organizaciones defensoras y autoridades locales.
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