Presidenta del Poder Judicial reafirma independencia y resistencia ante investigaciones
Janet Tello destaca la autonomía judicial y responde a cuestionamientos en medio de proceso administrativo
La presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello Gilardi, aseguró este miércoles 28 de enero de 2026 en Lima que los jueces del país mantienen su compromiso con la justicia imparcial y la independencia institucional, pese a las amenazas, imputaciones infundadas y presiones políticas. Esta declaración se produce luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le otorgara un plazo de cinco días para responder por una presunta omisión en su declaración jurada, en un proceso que ha generado polémica y cuestionamientos sobre la transparencia de la administración judicial.
Defensa de la autonomía judicial y balance de gestión
Durante la inauguración de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas, Tello Gilardi enfatizó que la justicia en Perú se imparte con neutralidad y respeto a la Constitución, sin permitir ninguna influencia externa que afecte la legitimidad de las decisiones judiciales.
“Por el firme convencimiento de que la justicia se imparte con absoluta imparcialidad, sin colores políticos, sin sesgos ni intereses de ninguna índole […] ustedes (los jueces) siempre han estado de pie, apostando para que la verdadera justicia se desarrolle en cada una de las acciones a favor de la vida y dignidad”, afirmó la magistrada.
En su discurso, destacó la resiliencia del Poder Judicial frente a agresiones y ataques a la integridad física y moral de sus miembros. Además, informó que durante 2025 se alcanzó un cumplimiento del 93% en las metas institucionales, resaltando el éxito de las unidades de flagrancia y la expansión del Expediente Judicial Electrónico.
Sin embargo, advirtió que 2026 será un año decisivo para la fortaleza y unidad del sistema de justicia, en un contexto marcado por crecientes demandas sociales, limitaciones presupuestarias y altos índices de inseguridad.
Controversia por presunta omisión en declaración jurada
El proceso abierto contra Janet Tello responde a una denuncia presentada por Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano ‘Equidad’, quien la acusa de no haber consignado en su declaración jurada de intereses la relación familiar con Daniela Moreno Tello, supuestamente su sobrina, y de posibles falsedades ideológicas.
El documento señala que Daniela Moreno realizó más de 17 viajes internacionales en un periodo donde no se registraba actividad pública compatible, lo que podría configurar una omisión dolosa.
Según una investigación del portal IDL-Reporteros, Gino Román Torres tiene vínculos con el entorno político de Vladimir Cerrón y ha desempeñado roles tanto en consultorías para Perú Libre como en funciones técnicas en el Congreso de la República.
Transparencia y desafíos institucionales
Janet Tello reafirmó que el Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico y subrayó la importancia del fortalecimiento de la transparencia y el modelo de integridad para proteger a la institución de la polarización política.
El encuentro anual de presidentes de cortes supremas, que se realiza en Lima hasta el 30 de enero, tiene como objetivo definir prioridades en materia de acceso a la justicia y lucha contra la corrupción, pilares fundamentales para el estado constitucional de derecho.
“Hoy más que nunca, el acceso a la justicia debe ser una prioridad absoluta y un pilar esencial de la democracia”, concluyó Tello Gilardi, quien aseguró que su gestión continuará enfocada en brindar un servicio cercano a las poblaciones más vulnerables, a pesar de las presiones.
Este caso se suma a un contexto político y judicial complejo en Perú, donde la independencia judicial es constantemente puesta a prueba por conflictos internos y externos. Para más información sobre la institucionalidad peruana, se puede consultar el portal oficial del Gobierno de Perú.
La presidenta del Poder Judicial mantiene firme su posición en defensa de la autonomía y la imparcialidad, mientras avanza el proceso administrativo en su contra. El desarrollo de este caso será clave para la percepción pública y la estabilidad del sistema judicial en el país.
