Mulino urge a diputados a legislar con responsabilidad tras aprobación de beneficios para jubilados
El presidente José Raúl Mulino pidió prudencia a la Asamblea Nacional al considerar el impacto financiero del proyecto de ley que amplía descuentos para adultos mayores.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que ejerzan su función legislativa con responsabilidad, luego de que el pasado 27 de agosto se aprobara el proyecto de Ley 226. Esta iniciativa propone ampliar los descuentos obligatorios para más de 500 mil adultos mayores en servicios como medicamentos, transporte, salud, hotelería, internet y televisión por cable.
Mulino enfatizó que, aunque la ley busca beneficiar a un sector vulnerable de la población, su implementación requiere un análisis riguroso sobre la fuente de los recursos que financiarán estos descuentos. “No se pueden tirar leyes sin saber de dónde van a salir los recursos”, advirtió el mandatario, quien explicó que dispone de 30 días para decidir si sanciona o veta la norma.
El presidente adelantó que la próxima semana sostendrá reuniones con representantes de los sectores involucrados para buscar una fórmula que garantice la viabilidad económica del proyecto. Mulino reconoció las dificultades que implica poner en marcha esta ley, y señaló que vetarla no debe convertirlo en el único responsable, ya que la decisión inicial fue tomada por los legisladores sin consultarle previamente.
En contraste, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y propietarios de farmacias han solicitado el veto de esta iniciativa. Estas organizaciones advierten que la medida podría afectar la inflación, el empleo y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), un sector fundamental para la economía local.
El debate sobre este proyecto refleja las tensiones entre la necesidad de proteger a los jubilados y la capacidad fiscal del Estado para asumir nuevos compromisos. Panamá, como muchos países de la región, enfrenta retos en la sostenibilidad de sus sistemas de protección social en un contexto donde la población envejece y la economía muestra señales de desaceleración.
Este escenario obliga a las autoridades a buscar un equilibrio entre la ampliación de derechos y la prudencia financiera, un asunto que también ha sido objeto de análisis en organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La decisión final del presidente Mulino será un indicador clave sobre la orientación que tomará el país en materia social y económica durante los próximos años.
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