Asamblea aprueba ley que eleva a 35 años la pena por trata de personas y tráfico de migrantes
La reforma endurece las sanciones y amplía la protección contra nuevas modalidades de explotación
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes 20 de octubre de 2026, con 144 votos a favor, una reforma a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. La nueva normativa aumenta la pena máxima a 35 años de prisión para los casos más graves y tipifica nuevos delitos, con el objetivo de enfrentar las modalidades actuales de captación y explotación, incluidas las digitales. Esta reforma responde a la necesidad de fortalecer el marco legal ante el incremento de mafias dedicadas a estas prácticas.
Cambios clave en la legislación penal
La reforma modifica el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e introduce varias medidas importantes:
- Endurecimiento de penas: La sanción máxima por trata de personas y tráfico de migrantes sube a 35 años cuando el delito conlleve consecuencias graves, como la muerte de la víctima.
- Nuevos delitos tipificados: Se incorporan el matrimonio forzado y la unión de hecho forzada como formas penales explícitas.
- Protección digital: Se habilita una línea directa de denuncia anónima para combatir la captación mediante perfiles falsos en redes sociales.
- Cumplimiento constitucional: La ley actualiza medidas para prevenir la explotación laboral sistemática, alineándose con sentencias internacionales como la del caso Furukawa emitida por la Corte Constitucional.
Consenso político y aportes de las bancadas
La asambleísta Lucía Jaramillo, de la bancada ADN y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, fue ponente del proyecto. Jaramillo destacó la urgencia de adaptar la normativa ecuatoriana a las nuevas formas de captación utilizadas por las redes criminales, especialmente las digitales, y subrayó el trabajo técnico detrás del acuerdo.
Por su parte, la Revolución Ciudadana (RC) respaldó de manera unánime la reforma. La legisladora Paola Cabezas reconoció el esfuerzo conjunto entre expertos y legisladores de diversas tendencias, aunque advirtió que aún persisten vacíos, especialmente en la supervisión del trabajo en sectores vulnerables como el doméstico, agrícola y minero, donde se ocultan situaciones de servidumbre.
Próximos pasos y contexto internacional
Con la aprobación unánime, la reforma será enviada al Ejecutivo para su sanción o posible veto presidencial. Este avance legislativo fortalece la lucha contra delitos que afectan la dignidad humana y responde a compromisos internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos y protección de migrantes, en línea con las recomendaciones de organizaciones como la ONU.
Esta actualización legal representa un paso significativo para mejorar la persecución y prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, adaptándose a los retos actuales y a las nuevas modalidades delictivas que afectan a la sociedad ecuatoriana.
El endurecimiento de las sanciones y la incorporación de mecanismos digitales para la denuncia reflejan una evolución en la política pública nacional frente a un problema complejo y cambiante. La cooperación entre bancadas y expertos ha sido clave para este consenso. Ahora, queda pendiente su implementación efectiva y la supervisión constante para cerrar posibles brechas de protección.
