La justicia exige a Cristina Kirchner y a otros condenados devolver al Estado al menos 500 millones de dólares

La justicia federal argentina avanza con firmeza en la ejecución patrimonial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la llamada Causa Vialidad, con el objetivo de recuperar el daño económico calculado en al menos 500 millones de dólares ocasionado al Estado.

La Corte Suprema dejó firme recientemente la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra la exmandataria, lo que habilita a los tribunales a ejecutar el decomiso de bienes. El fallo de primera instancia, emitido en 2022, determinó que durante su gestión (2007-2015) se concedieron de manera irregular 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, vinculado estrechamente a la familia Kirchner. El perjuicio económico fue estimado entonces en 84.800 millones de pesos, equivalentes a unos 500 millones de dólares a la cotización de diciembre de 2022.

Sin embargo, antes de aplicar la medida de decomiso, los peritos judiciales deberán actualizar esa cifra para reflejar el impacto inflacionario y las nuevas tasas de cambio. Posteriormente, el tribunal establecerá el porcentaje de responsabilidad económica que corresponde a cada uno de los condenados, incluyendo a Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, a altos exfuncionarios de Vialidad Nacional y a exadministradores de la Dirección de Vialidad de Santa Cruz.

Una vez fijado el monto actualizado, los implicados tendrán un plazo inicial de 10 días para depositar los fondos. En caso de incumplimiento, la justicia podrá avanzar con la ejecución forzosa sobre bienes embargados.

En el caso específico de Cristina Kirchner, su última declaración jurada como funcionaria pública en diciembre de 2023 consignaba un patrimonio de 249 millones de pesos, compuesto por cuentas bancarias, acciones empresariales y un vehículo, lo que representaba entonces alrededor de 316.000 dólares. A ello se suman propiedades y empresas que la exmandataria transfirió en 2016 a sus hijos, pero que actualmente se encuentran bajo embargo judicial en el marco de esta y otras causas por corrupción.

La Causa Vialidad representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia institucional reciente del país y podría marcar un hito en términos de recuperación de activos del Estado a través del decomiso penal. El proceso judicial, no obstante, continúa bajo estricta revisión técnica y patrimonial, con peritos de la Corte Suprema evaluando cada detalle antes de la ejecución final.