Colombia
El gobierno colombiano ha reactivado su agenda legislativa de paz con una propuesta que ya desata controversia. A pocos días del inicio del último periodo ordinario del Congreso, el presidente Gustavo Petro presentó un nuevo proyecto de ley que busca reglamentar el sometimiento a la justicia de grupos criminales sin estatus político, como el Clan del Golfo. La iniciativa, clave para la estrategia de “paz total” del Ejecutivo, pretende ofrecer rebajas de penas a cambio de desarme, colaboración con la justicia y reparación a víctimas. Sin embargo, enfrenta una dura oposición de sectores judiciales, negociadores de paz y figuras políticas.
La Corte Suprema de Justicia votó en contra del proyecto en el Consejo Superior de Política Criminal y expresó preocupación por la falta de deliberación y claridad en la implementación. El expresidente Juan Manuel Santos pidió al Congreso archivar la iniciativa, mientras que Humberto de la Calle, jefe negociador del acuerdo con las FARC en 2016, advirtió que podría liberar a “capos pura sangre”.
El proyecto, radicado el 20 de julio por los ministros Eduardo Montealegre (Justicia) y Armando Benedetti (Interior), prevé penas entre cinco y ocho años para cabecillas y de dos a cinco años para integrantes de menor rango. Amplía además el alcance de la justicia transicional a organizaciones criminales, bajo el argumento de que se trata de estructuras con mando, control territorial y capacidad de intimidación. “No se trata de delincuentes políticos, pero el Derecho Internacional Humanitario permite esta interpretación”, afirmó Montealegre.
El articulado también contempla otras dos categorías: bandas urbanas —como Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura— con beneficios de reducción de condena de entre 40 % y 60 %, y una polémica sección sobre “protesta social”. Esta última plantea beneficios de hasta el 70 % de rebaja de pena para jóvenes procesados o condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 y el Paro Nacional de 2021. Incluso prevé libertad condicional tras dos años de prisión efectiva. Este apartado ha sido duramente criticado por sectores que señalan que algunos de estos casos incluyen cargos por tortura o tentativa de homicidio.
Montealegre ha defendido la propuesta como una herramienta para recuperar el orden público sin renunciar a los derechos de las víctimas. Asegura que los requisitos para acceder a los beneficios son estrictos: los grupos deberán firmar un acuerdo con la Fiscalía, identificar a sus miembros, entregar bienes y detallar cómo desmantelarán su estructura. No obstante, el nuevo texto permite que los criminales conserven hasta el 12 % de sus bienes, el doble de lo planteado en la versión anterior del proyecto, hundido en 2023.
El consejero presidencial para la Paz, Otty Patiño, criticó la falta de coordinación interna. Aseguró que solo tuvo una conversación con Montealegre sobre el proyecto y advirtió que la propuesta será vista por muchos como “una gran apertura hacia la impunidad”. En entrevista con El Tiempo, pidió mayor análisis y búsqueda de consensos antes de avanzar.
Juan Manuel Santos fue aún más contundente. En diálogo con El Espectador, cuestionó que se pretenda aplicar justicia transicional —como la utilizada en el proceso con las FARC— a estructuras puramente criminales. “Sería un salto al vacío y una irresponsabilidad aprobar este proyecto”, afirmó, añadiendo que el gobierno aún no entiende a fondo la naturaleza de estos grupos armados.
Por su parte, Humberto de la Calle calificó la iniciativa como “peligrosa” y “inoportuna”, dada la debilidad del Estado y la falta de resultados militares. En X (antes Twitter), alertó que podría poner en libertad a jefes criminales con amplio prontuario.
Incluso Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, advirtió que las víctimas no fueron consultadas y rechazó lo que consideró una “amnistía disfrazada” para jóvenes vinculados a hechos de violencia en el marco de la protesta social. “Eso no tiene que ver con paz total”, afirmó en entrevista con La FM.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo también se sumó a las críticas, señalando que el proyecto incluye beneficios para reincidentes del proceso con las FARC y que no tiene viabilidad política en el contexto actual. “La posibilidad de que sea aprobado es absolutamente nula”, dijo en Caracol Radio.
Ante el aluvión de críticas, Montealegre respondió con firmeza. “Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, declaró, evocando una frase de Mijaíl Gorbachov. A su compañero de gabinete, Otty Patiño, lo acusó de actuar como “francotirador de la paz”.
A seis meses de que Colombia entre en clima electoral, el gobierno juega una carta arriesgada. Aunque el Ejecutivo defiende la propuesta como parte de una estrategia integral para disminuir la violencia, la falta de consenso, el rechazo judicial y las divisiones internas dejan en duda su viabilidad.
Fuente: El País
Resumen y contexto
Resumen (clic para ver)
Colombia El gobierno colombiano ha reactivado su agenda legislativa de paz con una propuesta que ya desata controversia. A pocos días del inicio del último periodo ordinario del Congreso, el presidente Gustavo Petro presentó un nuevo proyecto de ley que busca reglamentar el sometimiento a la justicia de grupos criminales sin estatus político, como el Clan del Golfo. La iniciativa, clave para la estrategia de “paz total” del Ejecutivo, pretende ofrecer rebajas de penas a cambio de desarme, colaboración con la justicia y reparación a víctimas. Sin embargo, enfrenta una…
