Gobernar desde la confrontación: el riesgo de normalizar la polarización en América Latina
Por: Helios Ruíz
En los últimos años, la comunicación política en América Latina ha experimentado un giro preocupante: la confrontación ha dejado de ser una herramienta ocasional para convertirse en el eje central de muchas narrativas de gobierno. Lo que antes era un recurso estratégico en momentos específicos, hoy parece ser una constante. Y cuando la confrontación se vuelve permanente, la democracia comienza a resentirlo.
Países como México, Argentina, El Salvador o Colombia han mostrado, con matices distintos, una tendencia similar: gobiernos que construyen su comunicación no solo en la promoción de sus acciones, sino en la descalificación sistemática de quienes piensan distinto. La crítica deja de ser parte natural del debate democrático para convertirse en un elemento que se confronta, se desacredita o, en algunos casos, se expone públicamente desde el poder.
Este fenómeno no es menor. Desde la lógica de la comunicación política, la polarización puede ser una estrategia eficaz en el corto plazo. Permite consolidar una base de apoyo, simplificar el discurso y generar identidad entre “los nuestros” frente a “los otros”. Es, en esencia, una herramienta de movilización emocional. Pero como toda estrategia que privilegia la emoción sobre la construcción institucional, tiene costos.
El principal riesgo es que se diluyen los equilibrios necesarios en una democracia. Cuando el gobierno asume que toda crítica proviene de un adversario político, se rompe la posibilidad de diálogo y se reduce el espacio para el disenso legítimo. La oposición deja de ser vista como un actor necesario del sistema democrático y comienza a ser tratada como un obstáculo a vencer.
En este contexto, la libertad de expresión también entra en una zona delicada. No necesariamente porque existan restricciones legales directas, sino porque se genera un ambiente donde opinar distinto puede implicar ser señalado desde las más altas tribunas del poder. Y cuando eso ocurre, el mensaje que se envía a la ciudadanía es claro: disentir tiene un costo.
Ecuador y Colombia han ofrecido ejemplos recientes de cómo la narrativa gubernamental puede escalar hacia la confrontación con distintos sectores, desde medios de comunicación hasta organizaciones civiles. En El Salvador, la comunicación directa y confrontativa ha sido parte central del estilo gubernamental. En México, el discurso cotidiano ha integrado la división entre “pueblo” y “adversarios” como un elemento recurrente. En Argentina, la dinámica política también ha girado, en distintos momentos, alrededor de la confrontación como herramienta de posicionamiento.
El problema no es que existan diferencias (eso es inherente a cualquier sistema democrático), sino la forma en que esas diferencias se gestionan desde el poder. Gobernar implica, entre otras cosas, administrar la pluralidad. Y cuando la estrategia de comunicación se basa en amplificar las divisiones, esa tarea se vuelve más compleja.
De cara al futuro, la pregunta es inevitable: ¿seguirán esta misma ruta los nuevos liderazgos en la región? Países como Chile o Costa Rica, que históricamente han mantenido dinámicas políticas más moderadas, enfrentan ahora el desafío de decidir si adoptan narrativas de confrontación o si apuestan por modelos de comunicación más incluyentes.
La tentación de polarizar es comprensible. En un entorno digital donde los mensajes compiten por atención, la confrontación genera visibilidad. Pero visibilidad no es lo mismo que gobernabilidad. Y una estrategia que puede ser útil para ganar elecciones no necesariamente lo es para gobernar sociedades complejas y diversas.
Para los tomadores de decisiones, la lección es clara: la comunicación política no debe perder de vista su propósito principal, que es construir legitimidad, no solo entre quienes apoyan al gobierno, sino también entre quienes no lo hacen. Eso implica reconocer la crítica, abrir espacios de diálogo y evitar la tentación de reducir el debate público a una lógica de confrontación permanente.
América Latina enfrenta desafíos profundos en materia de desigualdad, seguridad y desarrollo. Resolverlos requiere algo más que narrativas eficaces; requiere instituciones fuertes y sociedades cohesionadas. Y esa cohesión no se construye desde la división, sino desde la capacidad de reconocer que, en democracia, pensar distinto no es una amenaza, sino una condición necesaria.
Porque al final, un gobierno que solo le habla a quienes están de acuerdo con él, termina gobernando para menos de lo que representa. Y ese es un riesgo que la región no puede darse el lujo de normalizar.
