Gobernadores y alcaldes rechazan decreto de Petro que aumenta impuestos en Colombia
Colombia
Los gobiernos regionales y las alcaldías de las principales capitales del país abrieron un frente común contra el Ejecutivo por la reforma tributaria expedida vía decreto por el presidente Gustavo Petro. Gobernadores y alcaldes cuestionan el uso de la emergencia económica y anunciaron que no aplicarán el aumento de impuestos a licores y cigarrillos, al considerar que la medida vulnera la autonomía territorial y pone en riesgo las finanzas locales.
La Federación Nacional de Departamentos (FND), que agrupa a los 32 gobernadores del país, informó que recurrirá a mecanismos jurídicos para frenar los efectos del Decreto 1474 de 2025, que eleva el Impuesto al Consumo y aumenta el IVA del 5% al 19%. Según los mandatarios regionales, la norma traslada recursos que hoy administran los departamentos a la Nación bajo la figura de renta cedida, reduciendo los presupuestos destinados a salud, educación, deporte y otros servicios esenciales.
Horas después del pronunciamiento de los gobernadores, los alcaldes de las capitales, reunidos en Asocapitales, se sumaron al rechazo y solicitaron a la Corte Constitucional la suspensión del estado de emergencia. Ambos bloques coincidieron en que la medida carece de sustento constitucional y altera el equilibrio fiscal entre la Nación y los territorios.
En un comunicado emitido tras una reunión extraordinaria en Bogotá, los gobernadores anunciaron que estudiarán de manera inmediata la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permite dejar de aplicar normas que contravengan de forma manifiesta la Constitución. La decisión cuenta incluso con el respaldo de mandatarios cercanos al Gobierno, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Los dirigentes regionales afirmaron que no esperarán un fallo de fondo de la Corte y advirtieron que los nuevos tributos comprometen la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales.
Para sustentar su posición, los gobernadores conformaron una comisión que solicitará intervenir ante la Corte Constitucional. Como voceros fueron designados Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima; Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca; Andrés Julián Rendón, de Antioquia; Luis Francisco Ruiz, de Caquetá; Luis Alfonso Escobar, de Nariño; y Erasmo Zuleta, presidente de la FND y gobernador de Córdoba.
Dilian Francisca Toro explicó que cada gobernador presentará acciones de tutela y que se enviará un documento formal al alto tribunal para que escuche los argumentos de las regiones. Desde Antioquia, Rendón fue el primero en anunciar públicamente que no acatará el decreto y sostuvo que toda autoridad administrativa está obligada a aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una norma resulta desproporcionada y vulnera principios constitucionales.
La reacción del Gobierno fue inmediata. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de los gobernadores como un desacato y advirtió que podrían incurrir en prevaricato. Señaló además que quienes se nieguen a aplicar el decreto podrían responder con su patrimonio por los recursos que se dejen de recaudar. En la misma línea, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que el Ejecutivo emprenderá acciones legales contra las autoridades que incumplan la medida.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y la Dian defendieron la reforma y aseguraron que el decreto no pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades territoriales. En un comunicado conjunto, sostuvieron que se respetan los mecanismos de recaudo y administración de los departamentos y que la medida se enmarca en los principios de colaboración armónica entre la Nación y los entes territoriales. El Gobierno convocó a los gobernadores a una reunión el próximo lunes para discutir los alcances de la emergencia económica.
El choque se produce en un contexto de tensiones crecientes entre el presidente Petro y varios mandatarios locales, y en plena antesala de la campaña al Congreso y a la Presidencia. En los últimos meses, el Ejecutivo ha protagonizado enfrentamientos públicos con gobernadores clave como los del Valle del Cauca y Antioquia, en disputas que van desde diferencias políticas hasta reclamos por seguridad y ejecución de proyectos.
Más allá del debate tributario, el episodio refleja la fragmentación del mapa político regional y la debilidad del respaldo territorial al Gobierno nacional. Tras las elecciones locales de 2023, en las que la oposición y candidaturas independientes ganaron la mayoría de las grandes gobernaciones y alcaldías, el frente común que ahora se levanta contra la Casa de Nariño marca un punto de inflexión sin precedentes en la relación entre el poder central y las regiones.
Fuente: Semana
