FGR impulsa nuevo proceso penal contra Javier Duarte por desvíos en el sector salud

FGR impulsa nuevo proceso penal contra Javier Duarte por desvíos en el sector salud

México

La Fiscalía General de la República (FGR) alista un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ahora por el presunto desvío de recursos federales destinados al sector salud durante su administración.

La audiencia inicial está programada para este martes 30 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. La diligencia será posible luego de que el gobierno de Guatemala autorizó a México a formular cargos adicionales, en apego a la llamada “regla de especialidad”, que condiciona los delitos por los cuales puede ser procesado un extraditado.

Este nuevo procedimiento complica el escenario jurídico del exmandatario priista, quien en noviembre pasado buscó acceder a la libertad anticipada y cuya eventual salida del penal, prevista para 2026, podría quedar nuevamente en suspenso.

De acuerdo con información difundida por el periodista Arturo Ángel, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) presentará una imputación formal y solicitará la apertura de juicio por el presunto manejo irregular de fondos federales asignados a programas de salud. El caso deriva de una de las más de 100 carpetas de investigación iniciadas a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El expediente seleccionado documenta presuntos desvíos superiores a cinco millones de pesos provenientes de un fondo específico para el sector salud. La comparecencia estaba prevista originalmente para el 27 de noviembre, pero fue diferida a petición de la defensa de Duarte, que argumentó problemas médicos.

Con esta imputación, la FGR busca que Duarte enfrente nuevamente a un juez antes de que concluya el año. De prosperar la acusación, el Ministerio Público podría solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva justificada, lo que impediría su liberación al término de la condena que actualmente cumple.

La situación jurídica del exgobernador se endureció en noviembre, cuando una jueza federal le negó el beneficio de la libertad anticipada. La resolución concluyó que Duarte no cumplía con todos los requisitos legales, entre ellos no tener otros procesos penales pendientes, como el relacionado con desaparición forzada en Veracruz.

Durante esa audiencia, la FGR expuso testimonios que señalan al exmandatario por presuntas maniobras para obstaculizar investigaciones, entre ellas dilaciones procesales y la simulación de padecimientos de salud para posponer diligencias judiciales.

Javier Duarte fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México meses después. En 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras acogerse a un procedimiento abreviado. Esa condena no incluyó cargos por peculado ni desaparición forzada.

La administración de Duarte es señalada por la ASF como responsable de un presunto desfalco superior a los 62 mil millones de pesos en recursos federales. Las investigaciones apuntan a una red de al menos 400 empresas fantasma utilizadas para simular contratos y desviar fondos públicos, incluidos recursos etiquetados para salud.

Uno de los testimonios centrales es el del extesorero estatal Antonio Tarek Abdalá Saad, quien, bajo un criterio de oportunidad, declaró ante la FGR que los recursos desviados eran canalizados mediante empresas fachada y destinados tanto a gastos personales como a entregas directas al entonces gobernador.

Fuente: La Jornada

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