Javier Milei llega al ecuador de su gobierno tras dos años marcados por un ajuste sin precedentes, una economía fragmentada y un salvavidas financiero de la Casa Blanca. Desde su llegada al poder en diciembre de 2023 con el mantra “no hay plata”, el presidente argentino aplicó una política de shock que desmanteló áreas clave del Estado para forzar el equilibrio fiscal y contener la inflación.

La motosierra se convirtió en el símbolo de su gestión: recortó obra pública, subsidios energéticos y al transporte, jubilaciones, empleos estatales, presupuestos universitarios y sanitarios, además de paralizar la investigación científica. En paralelo, liberó beneficios impositivos y normativos para exportadores, grandes empresas y sectores estratégicos con el objetivo de atraer dólares y modificar la estructura productiva.

A mitad de mandato, Milei llega reforzado por su triunfo en las legislativas de octubre, aunque enfrenta una economía que avanza a dos ritmos y que debió ser apuntalada por una intervención directa del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la falta de reservas internacionales.

Su ascenso político nació del hartazgo social. Economista de 55 años, outsider y líder de La Libertad Avanza, capitalizó el desencanto de los jóvenes en un país con más de una década de estancamiento y una inflación que rozaba récords globales. En su primera etapa redujo ministerios, despidió a más de 50.000 empleados públicos, cerró organismos y eliminó financiamiento para programas que considera “woke”, decisiones celebradas por su base de apoyo pese al deterioro social en otros segmentos.

El primer límite serio llegó con el recorte a las universidades públicas, un pilar histórico del ascenso social argentino. La masiva movilización de abril de 2024 frenó la ofensiva. Lo mismo ocurrió un año después, tras fuertes tensiones con el Hospital Garrahan y organizaciones de discapacidad. La respuesta del presidente se mantuvo bajo su registro habitual: confrontación directa en redes y ataques verbales a opositores, académicos, periodistas y activistas.

En el Congreso, la debilidad legislativa del oficialismo tensó la viabilidad del programa económico. La Ley Bases —su proyecto insignia— salió adelante a los seis meses, pero la ruptura con gobernadores y aliados moderados hundió parte de la agenda privatizadora y fiscal.

A los tropiezos políticos se sumaron dos escándalos. En febrero de 2025 estalló el caso de la criptomoneda $Libra, promocionada desde la cuenta del propio Milei, que derivó en pérdidas masivas para miles de pequeños inversores. Una comisión legislativa atribuyó al presidente un rol clave en la presunta estafa. En agosto, un audio del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad reveló una red de sobornos que salpicó a Karina Milei. La situación empeoró con la caída del candidato José Luis Espert, vinculado a un presunto narcotraficante investigado en EE UU.

Con la economía desacelerándose, tasas en niveles críticos, inflación estancada en torno al 2% mensual y el dólar en alza, el Gobierno quedó contra las cuerdas. La respuesta llegó desde Washington: el Tesoro intervino para sostener el peso y después anunció un swap de 20.000 millones de dólares que frenó la corrida y despejó el horizonte inmediato.

La maniobra estabilizó la crisis y Milei recuperó oxígeno político. Las legislativas del 26 de octubre le dieron casi el 41% de los votos. Según los analistas, el resultado se explica por la fuerte caída anual de la inflación —del 211% al 30% estimado para 2025— y por la persistente sombra del final del gobierno de Alberto Fernández.

Expertos como Lara Goyburu y Facundo Cruz coinciden en que Milei capitalizó tres pilares: baja inflacionaria, tipo de cambio controlado y discurso de seguridad. Aunque la pérdida de poder adquisitivo golpeó a las familias, el Gobierno logró imponer el mensaje de que el equilibrio fiscal es imprescindible.

Con este respaldo, Milei inicia el tercer año de mandato con una macroeconomía más ordenada pero con desafíos estructurales: sostener la estabilidad, recomponer reservas genuinas y ejecutar una agenda legislativa que sigue dependiendo de alianzas frágiles.

Fuente: El País