Diputados aprueban por unanimidad el endurecimiento de penas por delitos ambientales

México

La Cámara de Diputados dio luz verde, por unanimidad, a un paquete de reformas que eleva sustancialmente las penas por delitos ambientales y amplía el catálogo de conductas sancionables. El dictamen, respaldado por todas las bancadas, fue turnado al Senado tras obtener 460 votos a favor.

La reforma plantea un nuevo marco punitivo para frenar actividades como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo en zonas forestales, el tráfico de especies y las descargas clandestinas de contaminantes. El objetivo, señalaron los promotores, es responder a la “crisis ambiental” que enfrenta el país y que se manifiesta en incendios provocados, deforestación acelerada y presión extrema sobre ecosistemas críticos.

Penas más severas y nuevas figuras delictivas

El ajuste al Código Penal Federal incrementa los castigos generales por delitos ambientales de un rango actual de uno a nueve años, a un nuevo margen de dos a diez años de prisión. Para los delitos forestales, el endurecimiento es mayor: el desmonte, la tala y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) podrán castigarse con entre 6 y 20 años de cárcel, además de multas de hasta 10 mil días.

Las penas aumentarán todavía más cuando los ilícitos se cometan con armas de fuego, violencia o con fines de lucro, lo que podría llevar a sanciones de hasta 15 años.

Las modificaciones también establecen multas de hasta 12 mil días y penas de 5 a 15 años de prisión por el tráfico de totoaba, una de las cadenas criminales más dañinas para el ecosistema del Golfo de California. A la par, se incorporan nuevas conductas delictivas, como descargas ilegales en mantos acuíferos y daños a manglares, humedales, lagunas y arrecifes.

Por primera vez, las personas jurídicas —empresas— podrán ser sujetas de responsabilidad penal por delitos ambientales.

Reservas aprobadas: agravantes por daño a fauna y uso de información falsa

El pleno avaló dos reservas. La primera, impulsada por el PVEM, eleva hasta cinco años adicionales las penas a quienes provoquen la muerte de fauna en riesgo de extinción, amenazada o bajo protección especial, particularmente si ocurre en una ANP.

La segunda, presentada por Morena, amplía sanciones —hasta 15 o 20 años según el caso— para quienes ocupen, invadan o modifiquen el uso de suelo en zonas forestales. También establece penas contra quienes simulen o falsifiquen información ambiental para obtener beneficios económicos o certificados oficiales.

La oposición respalda la reforma, pero advierte: sin presupuesto será letra muerta

Aunque el dictamen recibió apoyo unánime, PAN, MC y otras fuerzas opositoras alertaron que endurecer el marco penal no bastará sin una inversión suficiente en instituciones como Profepa, Conafor y la Conamp.

Legisladoras de oposición recalcaron que la falta de personal, inspectores, guardaparques y recursos operativos limita la capacidad del Estado para aplicar la ley. Señalaron que el presupuesto ambiental en México es uno de los más bajos de la región y que las dependencias del sector han enfrentado recortes constantes.

“Las sanciones pueden aumentar, pero sin capacidad institucional no habrá resultados”, subrayaron. Advirtieron que, sin financiamiento, la reforma corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica más que en una herramienta efectiva para enfrentar la degradación ambiental.

Fuente: La Jornada

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