Desde donde observo el poder

Desde donde observo el poder

Por: Alberto Rivera

Era una noche de noviembre de 2025 en la Ciudad de México. La conversación se sostuvo alrededor de una mesa modesta, al abrigo de una copa de vino tinto que respiraba lentamente, como si acompañara el peso de las palabras. Afuera, la ciudad seguía su curso; adentro, el tiempo parecía haberse detenido en esa pausa en la que pensar se vuelve un acto serio. Venía de días intensos: reuniones largas, discusiones tensas, mensajes urgentes y esa sensación persistente de que algo se movía en el país, no siempre a la vista, pero sí en el fondo.

Hablábamos de política, inevitablemente. De México, de sus contradicciones, de sus heridas abiertas y de sus intentos —a veces torpes, a veces sinceros— por recomponerse. Mi interlocutor, un académico con larga trayectoria en las ciencias sociales y con experiencia en el servicio público, escuchó con atención hasta que, con un tono seco pero cuidadoso, lanzó una frase que no buscaba herir, sino advertir: que un politólogo o un sociólogo debía tomar distancia, que involucrarse demasiado podía nublar el juicio, que era un error estar metido en todo aquello.

No respondí de inmediato. Preferí tomar un sorbo de vino y dejar que la frase se asentara. Comprendí el comentario como un gesto de resguardo, una intención de marcar un límite entre el análisis y la acción. Aun así, la pregunta quedó suspendida: ¿distancia de qué, con respecto a quién y para qué fines? Cuando hablé, lo hice desde un lugar menos académico y más humano. Apelé a la ética, no como concepto abstracto, sino como experiencia vivida; a la política, no como oficio profesional, sino como responsabilidad compartida; y a la ciencia, no como refugio aséptico, sino como herramienta para comprender y transformar la realidad.

Siempre he entendido la ética humana como aquello que me impide ser indiferente. No como un gesto heroico, sino como una obligación mínima. Que me duela el dolor ajeno, que no normalice la injusticia ni archive la violencia como una estadística más. En México, esa interpelación es cotidiana y persistente: madres que buscan a sus hijos desaparecidos, comunidades marcadas por la violencia, mujeres que marchan para exigir seguridad, periodistas que pagan con amenazas —o con la vida— el ejercicio de su oficio. Frente a eso, callar en nombre de la neutralidad no es prudencia: es comodidad.

Acompañar una movilización pacífica, alzar la voz ante una injusticia evidente o cuestionar decisiones de poder que vulneran derechos no contradice la ética profesional; la completa. La ciencia social, lejos de exigir silencio, demanda responsabilidad. El dilema de la objetividad ha acompañado durante décadas a quienes estudian la vida social, pero la experiencia demuestra que toda investigación está situada. La historia personal del investigador, el momento histórico, el marco teórico y los intereses que atraviesan a la sociedad condicionan la mirada. La neutralidad absoluta es un mito útil, pero inviable. Fingirla no fortalece el conocimiento; lo empobrece.

La alternativa no es la consigna ni el panfleto. Es la transparencia ética. Decir desde dónde se mira, con qué valores se evalúa y qué teorías se emplean no elimina los sesgos, pero sí permite debatir con honestidad. Reconocer la implicación no autoriza a abandonar el rigor; obliga a redoblarlo. El análisis no es propaganda. La crítica no es denostación. La ciencia social exige método, disciplina y humildad. Ofrece verdades parciales, revisables, siempre abiertas a la corrección.

En México, además, la política no se agota en los partidos, las elecciones o los cargos públicos. Está en la calle, en la comunidad, en las conversaciones cotidianas y en la memoria colectiva. Reducirla al Estado es desconocer su dimensión más profunda. La política es acción compartida, la posibilidad de actuar junto a otros para ordenar la diversidad, disputar sentidos y construir acuerdos mínimos. No se trata solo de acceder al poder, sino de ejercerlo —o resistirlo— desde múltiples espacios. Participar en el debate público no es una desviación del oficio intelectual; es una de sus expresiones más responsables.

La ética política, entendida en serio, no se mide por la pureza de las intenciones, sino por la capacidad de juicio y la responsabilidad frente a los efectos reales de las decisiones. Decidir implica elegir y elegir siempre produce consecuencias. En un país como el nuestro, donde las decisiones públicas impactan vidas concretas, eludir esa responsabilidad bajo el argumento de la distancia analítica resulta insuficiente. Pensar críticamente el contexto y actuar en el espacio público son partes inseparables de una ética política madura. La acción colectiva, cuando es reflexiva y orientada al bien común, no degrada el pensamiento: lo pone a prueba.

Ser científico social y participar en la política no son actividades excluyentes. Se exigen mutuamente. El desafío está en no confundir los planos: no sustituir el análisis por la propaganda ni la reflexión por la obediencia. El papel del intelectual no es salvar al mundo, pero tampoco esconderse de él. Su tarea es traducir complejidades, elevar el nivel del debate, ordenar diagnósticos, advertir riesgos y rendir cuentas por los efectos de su palabra. La neutralidad imposible se reemplaza por la rigurosidad, la reflexividad y la responsabilidad pública.

Cuando terminé de hablar, el vino ya estaba casi al fondo de la copa. No hubo vencedores ni vencidos, mucho menos conclusiones definitivas, solo la conciencia compartida de que, en tiempos críticos, pensar sin actuar es incompleto y actuar sin pensar es peligroso. Después, el silencio ocupo el lugar de las palabras. Afuera, la ciudad siguió su curso. Adentro, al menos por esa noche, la conciencia quedó en calma.

Resumen y contexto