Comisión de Modernización aprueba delegación parcial de facultades al Ejecutivo
El grupo de trabajo del Congreso respaldó parcialmente la transferencia de poderes para simplificar trámites burocráticos.
La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y la Contraloría de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un informe que recomienda otorgar de manera parcial la delegación de facultades al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días. La decisión se produjo tras un intenso debate en el que se evaluaron 14 propuestas relacionadas con la simplificación administrativa y la reforma estructural del Estado.
Presidida por la congresista Paola Martínez, de Renovación Popular, la comisión votó con 10 votos a favor y 9 en contra. El documento avala la modificación del marco normativo para agilizar los procedimientos administrativos, particularmente en situaciones de emergencia como el Fenómeno del Niño. La medida busca eliminar trabas burocráticas que retrasan la respuesta humanitaria, pero insiste en respetar la autonomía de los gobiernos regionales y locales, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad en inspecciones técnicas.
Además, el informe respalda iniciativas vinculadas a la transformación digital y la seguridad en el manejo de datos públicos, así como la actualización de los derechos de tramitación para mejorar la atención ciudadana. Sin embargo, la propuesta sobre barreras burocráticas recibió una aprobación parcial, con llamados a delimitar su alcance para no interferir con funciones de organismos como el Indecopi o la Presidencia del Consejo de Ministros.
Por el contrario, la comisión rechazó la iniciativa para modificar el sistema de control de la Contraloría, señalando que vulnera el artículo 104 de la Constitución. También desestimó las solicitudes para avanzar en reformas estructurales del Estado dentro del Poder Ejecutivo, alegando falta de sustento técnico y legal, además de incompatibilidad con la legislación vigente. Otras propuestas relacionadas con el sector judicial y la promoción de inversiones fueron consideradas fuera del ámbito de competencia de la mesa de trabajo.
Esta decisión adquiere relevancia en un contexto político marcado por la presión del Ejecutivo para obtener mayores atribuciones legislativas, una práctica común en el sistema peruano para acelerar reformas. La postura crítica de la comisión refleja la tensión entre la necesidad de modernizar la administración pública y el cuidado por evitar excesos que puedan afectar el equilibrio de poderes.
La simplificación de trámites es un tema recurrente en la agenda gubernamental, especialmente en países con sistemas burocráticos complejos. Según informes del Banco Mundial y la OCDE, mejorar la eficiencia administrativa es clave para fomentar la inversión, acelerar la prestación de servicios y responder ágilmente a emergencias.
En Perú, la delegación de facultades al Ejecutivo ha sido objeto de controversia en las últimas décadas, pues aunque facilita la gestión, puede afectar la transparencia y el control parlamentario. El informe aprobado busca un equilibrio al aceptar solo las propuestas técnicamente sustentadas y viables.
Este pronunciamiento de la Comisión de Modernización llega en momentos en que el Congreso debate otras reformas institucionales y en medio de una coyuntura política compleja, con elecciones regionales y municipales a la vista.
Para comprender mejor el contexto constitucional y político de estas delegaciones, puede consultarse el artículo 104 de la Constitución Peruana en Wikipedia y el marco legal vigente sobre control estatal.
La discusión sobre las facultades legislativas delegadas sigue siendo un tema central para definir el rumbo de la gestión pública en Perú y la capacidad del Ejecutivo para implementar cambios en un sistema marcado por la fragmentación y la burocracia.
