Costa Rica
A medida que se acercan las elecciones nacionales de 2026, se intensifican las discusiones sobre la posible creación de alianzas o coaliciones entre las fuerzas políticas del país. Estas posibles asociaciones buscan disputar tanto la Presidencia de la República como los 57 escaños legislativos en juego.
Aunque a simple vista, ambos términos pueden parecer sinónimos de unidad, existen diferencias clave que afectan su formación y consecuencias legales. La principal distinción radica en el marco legal: según Martha Castillo Víquez, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Código Electoral costarricense no reconoce a las alianzas políticas como una figura formal.
“En nuestra legislación no existe la figura de las alianzas. Lo que sí se contempla son las coaliciones y las fusiones, dependiendo de la estrategia de cada partido. Si se busca unificar esfuerzos, el mecanismo que regula el Código Electoral es la coalición”, explicó Castillo en una entrevista con La Nación.
Esto implica que, a diferencia de las coaliciones —que deben cumplir con requisitos específicos y seguir un proceso formal de inscripción ante el TSE—, las alianzas carecen de un marco normativo claro que defina su formación, plazos o efectos legales.
Las coaliciones permiten que dos o más partidos, debidamente inscritos, propongan candidaturas comunes para una elección específica. Según Castillo, “la coalición debe ser inscrita ante la Dirección General del Registro Electoral. De esta manera, los partidos ya no se presentan de forma independiente, sino bajo una misma bandera o consigna ante el electorado”.
Las postulaciones bajo una coalición compiten como un solo bloque, no como los partidos originales. Estas coaliciones pueden ser formadas entre partidos de diferentes niveles territoriales, como uno provincial y otro nacional, o varios partidos nacionales. Sin embargo, la aprobación final de estas asociaciones depende de las asambleas superiores de los partidos involucrados.
“El comité ejecutivo puede negociar, pero la coalición debe ser aprobada por las asambleas superiores de los partidos políticos para ser válida”, subrayó Castillo. Además, para su inscripción, el pacto de coalición debe ser protocolizado y entregado al TSE antes del 31 de julio. El acuerdo debe incluir varios elementos esenciales, como el plan de gobierno, los cargos a postular, la forma de elegir a los candidatos, el nombramiento de un tesorero, y las reglas para la resolución de conflictos, entre otros.
Aunque las coaliciones no son algo completamente extraño en el panorama político costarricense, su uso ha sido más frecuente en elecciones municipales que en las nacionales. Castillo explicó que desde la entrada en vigor del actual Código Electoral en 2009, no se han registrado coaliciones para las elecciones presidenciales.
“A pesar de que hemos recibido consultas y solicitudes de información por parte de representantes de varios partidos, hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud formal de inscripción para coaliciones presidenciales”, comentó la vocera del TSE.
Esta falta de coaliciones podría estar vinculada al proceso de renovación interna de los partidos políticos, que aún no tienen la estructura adecuada para tomar decisiones de este tipo.
La idea de una coalición para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 comenzó a tomar forma desde febrero de 2024, cuando el excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, propuso un acuerdo de este tipo. Sin embargo, consolidar una coalición nacional ha resultado complicado debido a las diferencias ideológicas entre los partidos.
Los líderes de los partidos Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP), Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig, respectivamente, rechazaron la propuesta de Desanti, en gran parte por la inclusión del PLN. De igual manera, el candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, quien ganó la convención interna de su partido, manifestó su interés en formar alianzas con partidos nacionales y cantonales, pero desestimó la coalición como una opción viable debido a los plazos y requisitos exigidos por el TSE.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por su parte, aprobó cambios a su Reglamento Electoral Interno en enero para regular la formación de coaliciones. Sin embargo, su único precandidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, también descartó la posibilidad de incluir al PLN y al Frente Amplio (FA) en una coalición.
Un llamado importante para formar una coalición con una agenda clara de soluciones, más que por intereses personales, proviene del movimiento ciudadano Agenda Viva. El 19 de marzo, Agenda Viva presentó un documento con 200 propuestas y nueve urgencias que consideran deben ser prioritarias en el próximo gobierno.
Emilio Arias, exministro de Desarrollo Humano (2016-2018) y coordinador de Agenda Viva, destacó la importancia de anteponer una agenda de soluciones a la simple repartición de cargos públicos. Sin embargo, el presidente del PUSC, Mario Loría, expresó que, aunque el partido trabaja en la renovación de sus estructuras, no ve viable en el corto o mediano plazo formar parte de esta coalición.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) también ha señalado que analizará las propuestas de Agenda Viva, aunque aclararon que no han participado formalmente en la iniciativa.
Por su parte, Patricia Mora, presidenta del FA, expresó que su partido respalda muchas de las propuestas del movimiento Agenda Viva, y están trabajando para lograr acuerdos con diferentes sectores de la sociedad para impulsar una agenda mínima de reformas.
En resumen, la conformación de coaliciones sigue siendo un tema de debate y negociación dentro de los partidos, y su éxito dependerá de la capacidad de superar diferencias ideológicas y encontrar un terreno común para el bien del país.
Fuente: Nación
Resumen y contexto
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Costa Rica A medida que se acercan las elecciones nacionales de 2026, se intensifican las discusiones sobre la posible creación de alianzas o coaliciones entre las fuerzas políticas del país. Estas posibles asociaciones buscan disputar tanto la Presidencia de la República como los 57 escaños legislativos en juego. Aunque a simple vista, ambos términos pueden parecer sinónimos de unidad, existen diferencias clave que afectan su formación y consecuencias legales. La principal distinción radica en el marco legal: según Martha Castillo Víquez, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos…
