Casas del Bienestar: ¿tan frágiles como los trenes de Morena?
Por: Luis Rubén Maldonado Alvídrez
La presidenta Claudia Sheinbaum ha eludido preguntas y responsabilidad sobre las causas del mortal descarrilamiento de un tren de pasajeros en el sur de México, el último de una serie de accidentes que han presionado al Gobierno de Morena.
El maquinista del tren, que sobrevivió al choque, fue interrogado y está siendo culpado a priori, mientras que legisladores de la oposición pidieron un peritaje internacional sobre el siniestro, en el que murieron 13 personas y un centenar resultaron heridas.
“Ya la fiscalía hizo entrevistas con el operador y varias personas, tendrán ellos que informar qué procede”, declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.
El accidente en el estado de Oaxaca se suma a dos descarrilamientos sufridos este año por ambas obras insignia de la Cuarta Transformación: el Tren Maya y el Interoceánico.
Los militares mexicanos operan tanto el Tren Maya como el Tren Interoceánico, que se descarriló, ha levantado interrogantes sobre su papel y sobre lo que la administración de Sheinbaum está haciendo para garantizar la seguridad en sus proyectos emblemáticos de infraestructura.
Sobrevivientes del siniestro, ocurrido en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, dijeron a medios de comunicación locales que el accidente ocurrió cuando el tren tomaba una curva y han construido una versión oficial inverosímil que culpa al eslabón más débil.
La línea ferroviaria forma parte de una ruta comercial y de pasajeros lanzada en 2023 por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de convertirlo en una alternativa estratégica al Canal de Panamá.
Pero el proyecto ha enfrentado acusaciones de corrupción, débil supervisión y posibles conflictos de intereses con empresarios ligados a los hijos de López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades en cuatro contratos de construcción del Tren Interoceánico, incluyendo sobrepagos por materiales, en un informe sobre las cuentas públicas de 2020.
Tras el accidente medios de comunicación han informado que empresas vinculadas a socios de los hijos de López Obrador podrían haberse beneficiado de contratos gubernamentales vinculados a grandes proyectos de infraestructura, incluido el Tren Interoceánico.
López Obrador ha negado las acusaciones, calificándolas de motivadas políticamente.
Legisladores de la oposición pidieron una investigación independiente. Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instó al Gobierno a suspender todos los proyectos vinculados a los hijos del exmandatario y sus socios comerciales.
El senador Mario Vázquez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), calificó el descarrilamiento de “negligencia criminal”.
Todo apunta a Sheinbaum.
Cuando la hoy Presidenta de México era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descuidó como nunca su sistema de transporte público para movilizar diariamente a millones de personas: el famoso metro, columna vertebral de esta movilidad.
El metro ha sido testigo de una serie de tragedias y accidentes que marcó la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México: desde su llegada al gobierno, se registraron más de 432 accidentes en el metro, algunos de ellos de consecuencias fatales y devastadoras para la sociedad capitalina.
Nadie olvida el accidente más grave: la caída de la línea 12, que costó la vida a 26 personas y dejó una herida profunda en la memoria colectiva de la ciudad. A pesar de la magnitud de la tragedia, los responsables siguen sin enfrentar la justicia, lo que evidencia un patrón de impunidad y falta de rendición de cuentas. A este evento se suman otros incidentes, como el incendio en el centro de control del sistema metro y el choque en la línea tres, que dejó un muerto y más de 100 heridos. Para las víctimas y sus familiares, las palabras de solidaridad y las promesas de justicia han resultado insuficientes frente a la realidad de la negligencia institucional.
La gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se caracterizó por una disminución del presupuesto destinado al metro, que cayó un 17%, y una reducción de casi una quinta parte en los recursos para mantenimiento desde la llegada de Morena al poder. Este grave deterioro ha sido denunciado reiteradamente por los trabajadores del sistema, quienes han advertido sobre los riesgos y la falta de atención a las necesidades básicas de operación y seguridad. Sin embargo, las autoridades han hecho oídos sordos, sumando irresponsabilidad a la negligencia.
En lugar de asumir la responsabilidad por los hechos, Claudia Sheinbaum, imitando a su mentor, ha optado por atribuir los problemas del metro a una supuesta campaña en su contra, minimizando el sufrimiento de las víctimas y presentándose como víctima de ataques políticos.
En las tragedias del metro y el Tren Interoceánico, la pérdida de vidas humanas, en el pésimo manejo de los desastres, en la impunidad y en la corrupción, hay una responsable para la oposición: Claudia Sheinbaum. Para ellos, es el resultado de un patrón sistemático de abandono y negligencia, agravado por la falta de transparencia y la evasión de responsabilidades.
¿La sociedad exige respuestas claras, justicia para las víctimas y un cambio profundo en la gestión pública? Parece que no. Siguen aplaudiendo todo lo que hace y dice la Presidenta de México.
El año pasado todo mundo aplaudió el programa nacional de vivienda, impulsado por la administración de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y formalizado en el estado de Chihuahua en el bastión morenista Ciudad Juárez por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el cual se presenta como una de las apuestas sociales más ambiciosas del sexenio: construir un millón cien mil viviendas para personas con ingresos menores a dos salarios mínimos, con el objetivo de reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Sin embargo, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia de los beneficiarios revela grietas profundas en la ejecución del programa.
Sobre el papel, el programa es monumental. En Chihuahua, se proyecta la edificación de 6,000 viviendas, 700 de ellas en Ciudad Juárez, con la participación de autoridades estatales, municipales y federales. El trabajo conjunto entre la Federación y los gobiernos locales se ha traducido en ceremonias públicas, anuncios de metas históricas y la promesa de transformar el acceso a la vivienda en un derecho efectivo, no un privilegio.
El Infonavit ya reporta la construcción de las primeras viviendas en el país, priorizando a familias de bajos ingresos.
No obstante, la implementación del programa ha estado marcada por denuncias de beneficiarios (en estados que gobierno Morena) que contradicen el optimismo gubernamental. La entrega de las primeras “casas del bienestar” en Mérida, lejos de ser un éxito, ha generado inconformidad: cobros anticipados vía nómina antes de la entrega formal de las viviendas, desorganización administrativa y casas que no están listas para ser habitadas. Los testimonios recabados por medios como El Sol Yucatán evidencian que, mientras el gobierno presume cifras y avances, los beneficiarios enfrentan descuentos salariales y pagos de renta simultáneos, sin poder acceder a los inmuebles prometidos.
La respuesta institucional ha sido insuficiente. Aunque algunos afectados recibieron la promesa de suspensión temporal de los pagos, no existen documentos oficiales que garanticen la solución ni claridad sobre el estado real de las viviendas. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas alimenta la desconfianza y la percepción de que el programa avanza solo en el papel, mientras el bienestar tangible sigue sin aparecer.
El caso de las “casas del bienestar” ilustra un patrón recurrente en la gestión pública de Morena: grandes anuncios, ceremonias y cifras, pero poca atención a la experiencia real de los ciudadanos. La falta de organización, la ausencia de mecanismos claros de supervisión y la opacidad administrativa ponen en riesgo no solo la eficacia del programa, sino también la confianza social en las políticas públicas.
La pregunta es, ¿se está ejecutando la construcción de estas casas del bienestar conforme a derecho? ¿Con que calidad de materiales se están edificando? ¿Se construyen bajo criterios de justicia social o rentabilidad electoral? ¿Serán tan frágiles como los trenes del bienestar?
