Bolivia enfrenta insurrección y bloqueos tras aumento de combustible
Protestas y bloqueos en La Paz y El Alto por el alza de gasolina y diésel
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que asumió la presidencia de Bolivia en diciembre de 2025, enfrenta una grave crisis social y política desde mayo de 2026. Las protestas, originadas por un aumento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% en el diésel, han derivado en una insurrección popular con bloqueos masivos en La Paz y El Alto, afectando el abastecimiento de productos básicos y servicios de salud.
Crisis social y bloqueo de rutas en Bolivia
Desde el 18 de mayo, 18 de los 22 bloqueos activos en Bolivia se concentran en el departamento de La Paz, lo que ha paralizado las principales carreteras nacionales. Esta situación ha provocado un aumento drástico en los precios de alimentos, como el kilo de pollo que pasó de 45-55 bolivianos a 104 en mercados locales.
Además, se reporta escasez de oxígeno e insumos médicos en hospitales debido a que los manifestantes bloquean el paso de camiones y ambulancias, mientras que más de 20,000 conductores de transporte pesado están varados en las carreteras, paralizando las exportaciones.
En la ciudad de La Paz, la recolección de basura se ha suspendido parcialmente por falta de combustible para los camiones, lo que agrava la crisis sanitaria.
Medidas gubernamentales y rechazo social
El gobierno de Paz Pereira implementó un paquete de medidas neoliberales que incluyen la subida significativa en los precios del combustible y la distribución de “gasolina basura”, la cual ha dañado motores de transporte y maquinaria agrícola. Estas acciones han generado un rechazo masivo incluso entre sectores que apoyaron al presidente en las elecciones de 2025, como mineros, campesinos y maestros.
Además, la promulgación de la Ley 1720 de reclasificación de tierras ha sido percibida por comunidades indígenas como una amenaza a la pequeña propiedad campesina, aumentando la tensión social.
División política y tensiones internas
El gobierno acusa a Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), de orquestar las protestas para desestabilizar el país y evadir procesos judiciales. Morales se encuentra refugiado en el Chapare, protegido por sus seguidores, y enfrenta cargos por delitos graves.
Internamente, la administración de Paz Pereira está fracturada. El vicepresidente Edmar Lara, conocido por denunciar corrupción, ha criticado duramente al presidente y condenó la violencia militar contra los manifestantes.
El despliegue de más de 3,500 policías y militares busca abrir “corredores humanitarios”, sin embargo, los enfrentamientos han dejado al menos 47 detenidos, decenas de heridos y dos muertes confirmadas en Ingavi y El Alto.
Expertos en seguridad califican la situación como una insurrección y alertan sobre la presencia de grupos armados que apoyan los bloqueos.
Repercusiones internacionales
La crisis boliviana ha polarizado a la comunidad internacional. Estados Unidos, Argentina e Israel expresan su respaldo al gobierno de Paz Pereira, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, atribuye el conflicto a la “soberbia geopolítica” y ofrece su mediación para una solución pacífica.
Para entender el contexto de las protestas y su impacto en la estabilidad regional, es importante considerar también la situación socioeconómica en Bolivia y la historia política reciente del país, que ha sido marcada por tensiones entre fuerzas progresistas y conservadoras.
La actual crisis en Bolivia refleja un punto crítico en la gobernabilidad del país y la fragilidad social ante medidas económicas impopulares. Las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo político y social de la nación andina.
Para más información oficial sobre políticas públicas y crisis sociales en América Latina, puede consultarse la página del Gobierno de México.
