Bogotá se prepara para un eventual flujo masivo de migrantes venezolanos en medio de la crisis regional

Bogotá se prepara para un eventual flujo masivo de migrantes venezolanos en medio de la crisis regional

Colombia

El Gobierno colombiano se prepara con cautela ante la posibilidad de un nuevo flujo masivo de migrantes venezolanos, en medio de la inestabilidad política que persiste en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la continuidad del chavismo en el poder. Con 2,8 millones de venezolanos ya radicados en su territorio, Colombia evalúa escenarios de emergencia migratoria a través de un plan escalonado diseñado por la Cancillería.

De acuerdo con un borrador elaborado por la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo, el Ejecutivo contempla un esquema de tres fases para responder a un eventual incremento abrupto de ingresos desde Venezuela. El documento, conocido mientras avanzan las tensiones regionales, busca anticipar una presión adicional sobre las capacidades institucionales del país.

El vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, advirtió esta semana ante el Consejo Permanente de la OEA que el contexto posterior a los ataques ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump podría detonar un desplazamiento masivo de población. Según señaló, un escenario de esa magnitud exigiría un esfuerzo significativo en recursos, logística y coordinación interinstitucional para atender a los migrantes en las zonas de acogida.

La primera fase del plan se activaría si el número de entradas diarias alcanza las 73.000 personas, con una tasa de no retorno inferior al 0,01%. En ese escenario, el Estado limitaría su intervención a la identificación de necesidades básicas, una tarea que recaería principalmente en las autoridades locales y departamentales, sin declarar una emergencia nacional.

Migración Colombia reporta que actualmente cerca de 60.000 personas se movilizan diariamente por Cúcuta, principal punto de tránsito fronterizo. Aunque las autoridades descartan, por ahora, un aumento sustancial del flujo, reconocen que la percepción de incertidumbre entre los migrantes es alta. “La situación en Venezuela es compleja y genera preocupación, tanto para quienes se desplazan como para el país receptor”, señaló la directora de la entidad, Gloria Arriero.

Si las entradas diarias escalan a 90.000 y la tasa de personas que deciden permanecer en Colombia se eleva hasta el 15%, el Gobierno pasaría a una segunda fase. En ese punto, el borrador contempla que las capacidades territoriales resultarían insuficientes y se evaluaría una posible declaratoria de emergencia, con la activación de servicios de alojamiento temporal, alimentación y atención médica básica, coordinados por los distintos ministerios según sus competencias.

El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien participa en el Puesto de Mando Unificado instalado en Cúcuta, sostuvo que el Estado debe anticiparse a cualquier escenario. “Es necesario estar preparados para responder de forma oportuna e integral, especialmente frente a un eventual aumento de la migración irregular”, afirmó. En ese marco, el Gobierno anunció el despliegue de 30.000 efectivos militares a lo largo de la frontera con Venezuela, desde el Caribe hasta la Amazonía, con el objetivo de reforzar la seguridad territorial.

La tercera y más crítica etapa se activaría si el flujo diario supera las 120.000 personas, con una tasa de no retorno mayor al 25% y un porcentaje de migrantes en situación irregular por encima del 15%. Según el documento, este escenario desbordaría las capacidades del Estado, incluso bajo medidas excepcionales, y obligaría a activar mecanismos de cooperación internacional para cubrir necesidades básicas. El plan prevé el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que han manifestado disposición para acompañar a Colombia ante una eventual emergencia humanitaria.

Actualmente, el 67% de los venezolanos en Colombia cuenta con un estatus migratorio regular, principalmente a través del Permiso por Protección Temporal, que permite el acceso a servicios de salud, educación y empleo. Datos oficiales indican que más del 70% de esta población se encuentra en edad laboral y presenta una tasa de participación económica superior al promedio nacional.

No obstante, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la gestión migratoria del Gobierno de Gustavo Petro. Un informe reciente de Provea advierte sobre la desaceleración de los mecanismos de regularización y el cierre de instancias clave, como la Gerencia de Fronteras. Además, señala que no existe un proceso general para regularizar a quienes ingresaron al país después de mayo de 2023.

La situación de seguridad también genera alertas, especialmente para los exiliados políticos venezolanos. Atentados recientes contra defensores de derechos humanos evidenciaron debilidades en los sistemas de protección, lo que ha llevado a distintos sectores a exigir un fortalecimiento de las políticas de acogida.

Aunque el plan de contingencia comenzó a elaborarse antes de la ofensiva estadounidense, el Gobierno reconoce que el riesgo de un desbordamiento en la frontera es real. La experiencia de crisis migratorias pasadas sigue pesando en la toma de decisiones, en un contexto regional marcado por la incertidumbre y la volatilidad política.

Fuente: El País

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