El presidente Bernardo Arévalo formalizó este jueves la nueva Política de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, un instrumento de Estado que busca blindar a quienes enfrentan hostigamiento por su labor en Guatemala. El anuncio se realizó en un acto público en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera y miembros del gabinete.

La política quedó oficializada con la publicación del acuerdo gubernativo 198-2025, que entra en vigor este sábado tras su validación en Consejo de Ministros. El Gobierno entregó el documento a la familia Gudiel Álvarez, reconocida por su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Defensor de Derechos Humanos vs. Guatemala”.

Arévalo subrayó que el Estado tiene una deuda histórica con quienes defienden garantías fundamentales:

“Este gobierno nunca los va a agredir y va a luchar junto a ustedes. Su causa también es la nuestra”.

El mandatario destacó que la construcción de esta política responde a un proceso iniciado en 2016 y exigido por la sentencia de la Corte IDH, que ordenó medidas de reparación tras el asesinato, en 2004, del defensor comunitario Florentín Gudiel. Recordó también el secuestro de su hijo José Miguel en 1983, perpetrado por agentes estatales en pleno conflicto armado interno.

Arévalo señaló que estos hechos evidencian cómo los aparatos de seguridad se desviaron de su función durante décadas, actuando contra la población que debían proteger. La historia de la familia Gudiel —dijo— resume el calvario de miles de guatemaltecos víctimas de estructuras represivas.

La nueva política obliga a las instituciones del Ejecutivo a promover el respeto a los derechos humanos y a reconocer el rol estratégico de quienes los defienden, en línea con resoluciones de Naciones Unidas y con el mandato constitucional.

Pese a los avances democráticos desde los años 80, Arévalo advirtió que la violencia, la criminalización y las amenazas siguen vigentes. Señaló que persisten riesgos para líderes indígenas, campesinos, ambientalistas, estudiantes, periodistas, académicos y operadores de justicia independiente.

El mandatario vinculó directamente el aumento de estas agresiones con la cooptación institucional y reveló cifras que dimensionan el problema: entre 2022 y 2023 se registraron más de 9.000 ataques, incluidos cerca de 1.500 contra periodistas y comunicadores.

Para Arévalo, la entrada en vigor de esta política representa “un punto de inflexión” destinado a garantizar una transformación real y sostenible del Estado, cerrando espacios a la impunidad y fortaleciendo la protección de quienes sostienen la defensa de los derechos humanos en el país.

Fuente: AGN