Abinader frena ley de pago a contratistas por falta de montos y respaldo legal
República Dominicana
El presidente de la República, Luis Abinader, devolvió a la Cámara de Diputados la ley que ordena el pago de deudas antiguas a contratistas del Estado, al considerar que el texto aprobado por el Congreso carece de información clave sobre el monto total del compromiso financiero y la identificación formal de los supuestos acreedores.
La observación fue comunicada mediante una carta remitida el pasado viernes al órgano legislativo, en la que el mandatario advierte que la iniciativa no precisa el volumen del desembolso que asumiría el Estado ni establece, con respaldo documental, quiénes serían los beneficiarios de la normativa.
El proyecto de ley fue aprobado el 12 de enero bajo un procedimiento de urgencia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La pieza autoriza el pago de cientos de deudas por obras públicas ejecutadas sin contrato formal, algunas de ellas con una antigüedad de hasta 30 años, vinculadas a trabajos de construcción y mantenimiento de infraestructuras.
Sin embargo, el texto legal no incluye una estimación oficial del monto global de la deuda. Aunque el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), entidad que impulsó la iniciativa, sostiene que las obligaciones pendientes ascienden a unos 2,000 millones de pesos, esa cifra no figura en ningún artículo de la ley aprobada.
En su argumentación, Abinader citó el artículo 233 de la Constitución, que obliga al Poder Ejecutivo a programar ingresos y gastos conforme a criterios de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, subrayó que no es posible autorizar pagos sin contar previamente con datos financieros claros y verificables.
El jefe de Estado también cuestionó la “certeza y exigibilidad” de las supuestas acreencias, al señalar que el proyecto no aporta elementos que respalden de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado de las personas y empresas incluidas en el listado. Aunque la ley enumera a más de 500 contratistas, el Ejecutivo advierte que no se anexan documentos que certifiquen la ejecución de las obras atribuidas.
Desde esa óptica, Abinader pidió al Congreso una identificación más precisa de los beneficiarios y reiteró que la responsabilidad fiscal implica disponer de los recursos necesarios antes de ordenar cualquier pago. Incluso cuestionó el enfoque del proyecto desde su título, que autoriza el pago de deudas derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal.
Entre las entidades públicas señaladas como deudoras figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, la Junta Central Electoral y la Alcaldía del Distrito Nacional.
El texto legislativo también identifica a algunos de los contratistas con mayores montos adeudados, entre ellos Wagner Manuel Mosquea y el ingeniero Arturo Aníbal Rincón, ambos con tres contratos, así como Miguelina Rincón Santana, con dos.
La ley excluye las obras ejecutadas de los mantenimientos correctivos y establece que, dentro de este último rubro, solo el Ministerio de Educación mantiene deudas pendientes.
Ahora, el Congreso deberá decidir si acoge o rechaza las observaciones del Poder Ejecutivo, sin posibilidad de introducir modificaciones adicionales. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, los legisladores disponen de dos legislaturas ordinarias para conocer el veto. De no hacerlo en ese plazo, la ley quedaría promulgada automáticamente con las observaciones formuladas por el presidente.
Fuente: Diario Libre
