La gobernabilidad después del “Mencho”

La gobernabilidad después del “Mencho”

Por: Alberto Rivera

Para Estados Unidos, la captura de El Mencho es un éxito en sí mismo. Es narrativa. Es un trofeo político. Es un mensaje que puede convertirse en capital electoral y ser presentado como prueba de firmeza ante el crimen organizado. Para México, no debería serlo.

Para México, la captura solo será un éxito si logra algo mucho más complejo: fortalecer la percepción de seguridad de los ciudadanos y consolidar la legitimidad del Estado en el territorio. Y esa diferencia no es menor. Es la diferencia entre una lógica de propaganda y una lógica de Estado.

En una democracia constitucional, el poder político no se agota en la capacidad de ejecutar un operativo exitoso. El poder democrático se sostiene en algo más profundo: la creencia colectiva de que el Estado puede garantizar el orden, proteger los derechos y mantener el monopolio legítimo de la fuerza. Ese monopolio no es simbólico; está inscrito en el andamiaje constitucional. Pero su vigencia real depende de su eficacia práctica.

La pregunta no es si el Estado puede abatir a un líder criminal. La pregunta es si puede gobernar el vacío que deja.

Porque el poder no descansa en la fuerza aislada. Descansa en la opinión pública. Y la opinión pública no responde a los boletines oficiales, sino a la experiencia concreta de seguridad o inseguridad en la vida cotidiana.

Si después del operativo sobreviene una escalada de la violencia, el mensaje que recibe la ciudadanía no es el de un Estado fuerte, sino el de un Estado que golpea, pero no controla.

La literatura comparada sobre la “desarticulación” de organizaciones criminales es clara: eliminar al líder no garantiza la estabilidad. En algunos contextos puede incluso aumentar la violencia.

Tres variables resultan determinantes para su análisis:

La primera es la rentabilidad del mercado criminal. Cuando el líder abatido deja tras de sí una estructura económica altamente lucrativa, aumenta la probabilidad de disputas violentas. La razón es elemental: cuando el negocio es rentable, los incentivos para competir por su control aumentan.

En México, el diagnóstico es adverso. El CJNG no es solo una organización dedicada al trasiego de drogas. Es una estructura diversificada que opera en extorsión, cobro de piso y múltiples economías ilícitas. Se trata de un mercado criminal de alto retorno. Y en mercados de alto retorno, la competencia rara vez es pacífica.

La segunda variable es la estructura organizacional. Cuando un cártel es altamente jerárquico y carece de reglas claras de sucesión, la eliminación del líder puede desatar luchas internas.

En este punto, el panorama es ambiguo. El CJNG no tiene reglas formales de sucesión, lo que eleva el riesgo. Sin embargo, tampoco funciona como una organización vertical clásica. Opera de forma descentralizada, en nodos territoriales que funcionan como células relativamente autónomas.

Esa lógica de red abre dos escenarios. En uno, los nodos mantienen el control de sus territorios sin enfrentarse entre sí. En otro, la fragmentación genera disputas locales prolongadas. La incertidumbre es estructural.

La tercera variable —y la más relevante desde la perspectiva del poder político— es la capacidad del gobierno para controlar el territorio tras el golpe.

El monopolio legítimo de la fuerza no es solo una declaración constitucional. Es una práctica cotidiana. Exige inteligencia preventiva, coordinación interinstitucional, presencia policial efectiva y capacidad de respuesta inmediata ante reacciones violentas.

Los bloqueos, la quema de vehículos y los actos de violencia posteriores al operativo revelan una debilidad preocupante: el Estado estaba preparado para la captura, pero no lo estaba para administrar sus consecuencias.

Y en seguridad pública, la fase posterior al operativo es la que define la percepción social.

En democracia, la fuerza es una condición necesaria, pero no suficiente. La legitimidad es el verdadero activo estratégico.

La legitimidad se construye cuando la ciudadanía percibe coherencia entre el discurso institucional y la realidad territorial. Cuando el Estado promete orden y lo produce. Cuando promete protección y la garantiza.

Si la captura de un capo va seguida de caos, la narrativa oficial pierde eficacia. El poder formal permanece, pero el poder legítimo se erosiona.

El consenso democrático se basa en una premisa básica: el Estado es capaz de garantizar un mínimo de seguridad. Si esa premisa se fractura, se debilita el contrato político implícito que sostiene la obediencia y la cooperación ciudadana.

Por eso, el éxito de la captura no puede medirse en términos tácticos. Debe medirse en términos de una percepción pública sostenida.

Si en los próximos meses disminuye la violencia, se consolida la presencia territorial y se reduce la rentabilidad del mercado criminal, el operativo habrá fortalecido al Estado. Si no ocurre así, la captura será un evento espectacular sin traducción estructural.

El andamiaje constitucional mexicano otorga al Estado las herramientas suficientes para ejercer autoridad. Pero el diseño institucional, por sí solo, no produce gobernabilidad. Requiere ejecución estratégica.

El poder político se consolida cuando logra traducir normas en orden, instituciones en resultados y fuerza en estabilidad.

La muerte de un líder criminal no es la culminación de un proceso. Es el inicio de una etapa crítica. Es el momento en que el Estado debe demostrar que no depende de figuras individuales —ni del lado criminal ni del lado institucional— para garantizar la gobernabilidad.

De los tres elementos que la evidencia asocia con la contención de la violencia —baja rentabilidad criminal, estructura no jerárquica y alta capacidad estatal de control territorial— México cumple parcialmente solo uno.

No es un escenario cómodo. Pero sí es un diagnóstico claro. La hoja de ruta es evidente: mantener una presencia territorial sostenida, debilitar la rentabilidad del mercado ilícito y fortalecer la coordinación institucional. Porque al final, lo que está en juego no es únicamente la captura de un capo.

Está en juego la capacidad del poder político mexicano para convertir fuerza en legitimidad, legitimidad en consenso y consenso en estabilidad democrática.

En democracia, la fuerza puede imponerse. Pero solo la legitimidad consolida el poder en el tiempo.

Resumen y contexto