Australia activa la prohibición total de redes sociales para menores de 16 años

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Australia activará el próximo miércoles una de las regulaciones digitales más estrictas del mundo: la prohibición total del uso de redes sociales para menores de 16 años. A partir del 10 de diciembre, las plataformas deberán bloquear la creación de nuevas cuentas para ese segmento y desactivar las ya existentes. La medida abre un frente normativo complejo, enfrenta a las tecnológicas con el Gobierno y ha generado una ola de rechazo entre los propios adolescentes.

Choque frontal con las plataformas

El sector tecnológico reaccionó de inmediato. Las empresas alegan que la responsabilidad operativa que les impone Canberra —verificar la edad de cada usuario y evitar cualquier incumplimiento— es inviable y las expone a sanciones millonarias que pueden llegar a 49,5 millones de dólares australianos (unos 28 millones de euros). Google, matriz de YouTube, advirtió que la norma podría ser contraproducente: al impedir que los menores gestionen sus propias cuentas, los padres perderían herramientas clave de control como la configuración de contenidos o los bloqueos personalizados.

Adolescentes en resistencia

La entrada en vigor de la ley ha desencadenado estrategias de evasión entre los jóvenes. Algunos aceleraron la apertura de perfiles con fechas de nacimiento falsas para sortear la prohibición. Otros están recurriendo a cuentas compartidas con adultos, una práctica que, en la realidad, elimina cualquier filtro y les garantiza acceso pleno a contenidos sin restricciones.

El conflicto ya llegó a los tribunales. Dos menores de 15 años, Noah Jones y Macy Neyland, demandaron al Estado ante el Tribunal Superior al considerar que la medida vulnera su derecho constitucional a la comunicación política. El diputado libertario John Ruddick respalda su causa y advierte que la norma no solo afecta a los adolescentes: obligará a todos los usuarios a verificar su edad e, incluso, a presentar documentos de identidad para navegar en plataformas sociales.

El reto de verificar la edad

La piedra angular de la ley es el mecanismo de verificación. El Gobierno descargó esa responsabilidad en las plataformas, sin definir una metodología concreta. Eso abre interrogantes sobre la eficiencia de los futuros sistemas y su capacidad real para frenar a quienes intenten vulnerarlos. Además, los usuarios seguirán contando con un recurso sencillo para esquivar restricciones: las VPN, que permiten operar desde servidores en otros países y eludir las limitaciones locales.

Un enfoque basado en salud pública

El Ejecutivo sostiene su ofensiva regulatoria en datos contundentes. El 96% de los menores entre 10 y 15 años utiliza redes sociales. Siete de cada diez han estado expuestos a contenidos dañinos, desde discursos misóginos hasta material violento o mensajes que promueven trastornos alimentarios y conductas suicidas. Según Canberra, estas dinámicas responden al diseño adictivo de las plataformas, que prioriza la permanencia en pantalla por encima del bienestar.

El primer ministro Anthony Albanese defendió la iniciativa asegurando que el uso intensivo de redes es un riesgo comprobado para la salud física y emocional de los menores, especialmente para las niñas, por la proliferación de contenidos que distorsionan la percepción del cuerpo y refuerzan sesgos misóginos.

Impacto internacional y referencia para España

La iniciativa australiana resuena en otros países que buscan reforzar la protección digital de los jóvenes. En España, la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales —aún en tramitación— también prevé elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir o gestionar perfiles en redes sociales. El Ministerio de Transformación Digital afina desde hace dos años una herramienta de verificación de edad. La aplicación ya superó las pruebas del Centro Criptológico Nacional y este mes iniciará su fase de compatibilidad con el piloto impulsado por la Comisión Europea.

Fuente: El País 

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