Uruguay redefine su política de discapacidad con nuevo instituto y plan al 2030

Uruguay

En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno presentó una nueva arquitectura institucional que busca modernizar y consolidar la política pública dirigida a este colectivo. El presidente Yamandú Orsi encabezó el lanzamiento del primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, una hoja de ruta que se proyecta al 2030.

El anuncio central fue la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Ejecutivo define como un punto de inflexión en la gestión estatal. La iniciativa apunta a dar jerarquía, continuidad y capacidad operativa a una agenda que impacta a 197.000 uruguayos, equivalentes al 6,6% de la población, según el Censo 2023.

Un rediseño institucional a largo plazo

Para respaldar este nuevo esquema, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, calificó la medida como un “paso histórico” y anticipó que la “nueva institucionalidad” estará acompañada por mecanismos de coordinación más robustos entre organismos del Estado.

En esa línea, el director del Área de Discapacidad del Mides, Federico Lezama, adelantó que en 2026 ingresará al Parlamento un proyecto para crear la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, un órgano supraministerial encargado de definir lineamientos estratégicos y asegurar coherencia en la política pública. A su vez, se integrará una comisión nacional con participación de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que el sector incida de forma directa en la toma de decisiones.

Durante la presentación, Civila planteó la urgencia de avanzar en inclusión plena: “¿Qué sociedad puede darse el lujo de prescindir del aporte del 6,6% de su población?”, interpeló.

Acciones concretas en educación, salud, vivienda y empleo

El plan incorpora un paquete de compromisos orientado a eliminar barreras y ampliar oportunidades en áreas clave:

• Educación: ingreso de 300 facilitadores de autonomía en centros educativos y programas de formación en inclusión junto a la ANEP.
• Salud: creación de un centro de rehabilitación física en la región norte y fortalecimiento del Instituto Tiburcio Cachón.
• Vivienda: lanzamiento de un programa nacional de viviendas accesibles y adecuaciones habitacionales.
• Trabajo: ampliación de operadores laborales y esquemas de empleo con apoyo.
• Movilidad y turismo: reformulación del decreto de pase libre interdepartamental y conformación de una mesa de turismo accesible.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno apuesta a estructurar una política de Estado sostenida y alineada con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Fuente: Caras y Caretas

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