Brasil lidera el ranking mundial de supersalarios: más de 53.000 funcionarios rebasan el tope constitucional

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Brasil vuelve al centro del debate internacional por una anomalía que golpea su credibilidad institucional: más de 53.000 funcionarios públicos —en su mayoría jueces y miembros del Poder Judicial— perciben ingresos por encima del límite salarial fijado por la Constitución. El fenómeno, ampliamente documentado por un estudio comparativo entre 11 países, coloca al país sudamericano como líder absoluto en remuneraciones que sobrepasan los techos legales, muy por encima de naciones como Argentina, Estados Unidos, México o Reino Unido.

La disparidad no es menor. Mientras Portugal reporta solo tres casos y Colombia apenas una docena, Brasil concentra un universo de élite que opera al margen de lo previsto por la ley. Un editorial de Estadão lo resumió con dureza: la existencia de una casta burocrática con privilegios difíciles de justificar en una democracia que aún batalla contra profundas brechas sociales.

El Congreso discute ahora una reforma administrativa para atajar estos beneficios. Y aunque los indicadores de desigualdad han mejorado —el índice Gini cayó a su nivel más bajo en una década—, la estructura salarial del Estado expone un problema de fondo: la concentración del poder adquisitivo en segmentos muy reducidos del funcionariado.

El techo constitucional equivale al salario de un juez del Supremo Tribunal Federal, alrededor de 8.700 dólares mensuales. Sin embargo, los denominados penduricalhos —complementos por vacaciones no utilizadas, subsidios de vivienda, alimentación, o acumulación de funciones— permiten a miles de funcionarios superar ese límite sin que estos ingresos se contabilicen como salario y, en algunos casos, sin que tributen.

El coste para las arcas públicas fue contundente en 2024: 3.700 millones de dólares destinados a esta élite burocrática, una cifra que sitúa a muchos de estos funcionarios dentro del 1% más rico del país.

La comparación internacional acentúa la anomalía. Según el informe, los magistrados mejor pagados de Brasil ganan hasta seis veces más que sus pares en Portugal y superan con amplio margen a los jueces constitucionales de Alemania, Francia, Argentina o Estados Unidos. En ningún otro país analizado existe un volumen tan amplio de personas con ingresos por encima del límite legal.

La diputada Tabata Amaral calificó la situación como “vergonzosa” y subrayó que el 80% de los jueces brasileños cobra más del tope oficial. Su postura encuentra eco en la opinión pública: más del 80% de los ciudadanos respalda la eliminación de estos privilegios.

Pero el reto político es mayor. Colectivos dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público y ahora también los abogados del Estado han replicado los beneficios, consolidando un frente de presión con enorme capacidad de influencia.

La ministra de Gestión, Esther Dweck, insiste en la necesidad de consenso para avanzar en la reforma, mientras voces del sector civil advierten que el fenómeno continúa expandiéndose a nuevas áreas del Ejecutivo.

Para Amaral, esta dinámica reproduce una inequidad interna que erosiona la moral de quienes sostienen la operación diaria del Estado: docentes, enfermeras, policías y personal de base. “No tiene sentido que existan funcionarios que hayan recibido más de un millón de dólares en un año”, apuntó, señalando que el problema no es solo financiero, sino de legitimidad institucional.

La discusión avanza en un ambiente cargado. Brasil busca equilibrar sus cuentas, modernizar su administración y recomponer la confianza ciudadana. Pero en el corazón del debate persiste una pregunta que incomoda a la clase política: ¿puede el país reformarse sin confrontar a una élite que domina los engranajes del Estado?

Fuente: El País

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