Congreso de Perú inhabilita 10 años a exfiscal Delia Espinoza en medio de críticas internacionales

Perú

El Congreso de Perú decidió inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, tras aprobar un informe que la acusa de una infracción constitucional. La medida se produce pocos días después de que organismos internacionales y expertos de la ONU alertaran sobre posibles intentos de “control político” sobre el Ministerio Público y los riesgos que esto representa para la lucha contra el crimen organizado.

La acusación se centra en la Ley 32130, que establece que la investigación preliminar de delitos corresponde a la Policía. Según el Congreso, Espinoza habría emitido una resolución que amplía las competencias de los fiscales, invadiendo funciones policiales. La exfiscal sostiene que no participó en esa resolución, sino Juan Carlos Villena, quien ejercía como fiscal en funciones.

Durante la votación en el Pleno, la primera propuesta de inhabilitación obtuvo 63 votos de los 68 necesarios, mientras que una segunda ronda alcanzó 71 votos. Espinoza denunció que la sanción busca enviar un mensaje intimidatorio a funcionarios y ciudadanos, y calificó la decisión como un paso hacia una “dictadura parlamentaria”.

Organizaciones como Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro para la Justicia y Derecho Internacional calificaron la medida como “arbitraria” y advirtieron que socava la independencia judicial. Según estas entidades, la Ley 32130 forma parte de un paquete normativo que ha debilitado la capacidad del Ministerio Público frente a redes criminales, en un Congreso donde varios legisladores enfrentan investigaciones previas o denuncias constitucionales.

La situación de Espinoza se remonta a meses atrás, cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendió preventivamente. A pesar de una medida judicial que ordenaba su reposición, la JNJ no la ejecutó y ha presentado demandas contra el juez y el Poder Judicial, en lo que las organizaciones internacionales consideran un “cerco institucional” contra la Fiscalía.

Expertos constitucionalistas señalan que la inhabilitación de 10 años es desproporcionada respecto al presunto daño cometido y podría constituir una violación al debido proceso. Mientras tanto, Fernando Rospigliosi, congresista promotor de la denuncia, aseguró en redes sociales que Espinoza “politizó la fiscalía y desacató la ley reiteradamente”.

Delia Espinoza adelantó que interpondrá una acción de amparo contra la decisión del Congreso. Con la aprobación de levantar su fuero, queda abierta la posibilidad de que sea procesada por delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Fuente: El País

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