Procurador declara inconstitucional el ‘blindaje’ de funcionarios de la Asamblea en Panamá

Panamá

La reforma de la Ley 429, aprobada el 18 de abril de 2024, que modificó la Ley de Carrera del Servicio Legislativo, ha generado controversia por incluir disposiciones que permiten a los funcionarios de la Asamblea Nacional acceder a permanencia en sus cargos durante dos años sin concurso público. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la norma constituía un “blindaje” para nombramientos clientelistas.

El procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, emitió el 11 de noviembre de 2025 una opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que considera que las disposiciones que permiten la permanencia “por un periodo de dos años” y “sin necesidad de concurso” vulneran la Constitución. La opinión se produce en el marco de la demanda interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en octubre de 2025.

La Ley 429 fue aprobada dos meses y medio antes de la conclusión del mandato de la Asamblea en abril de 2024, bajo la presidencia del diputado Jaime Vargas (PRD), y eliminó el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo, órgano encargado de garantizar procesos de ingreso basados en el mérito.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de TI, explicó que los artículos 300 y 302 de la Constitución exigen que el acceso a la carrera pública se base en el mérito mediante procedimientos objetivos, como concursos y evaluaciones verificables. La Ley 429, según señaló, contradice ese principio al permitir la incorporación sin concurso y sin la supervisión del Consejo de Carrera.

Gómez Rudy subrayó que sustituir el estándar constitucional por un criterio de permanencia de dos años y un procedimiento especial de seis meses “abre espacio a una discrecionalidad constitucionalmente infundada”, debilitando los cimientos del Estado. Asimismo, señaló que la eliminación del Consejo de Carrera elimina el mecanismo de verificación objetiva de capacidades, esencial para garantizar el principio de mérito.

La polémica se extiende a la planilla de la Asamblea Nacional. Tras la aprobación de la Ley 429, la planilla pasó de 3,067 funcionarios en junio de 2025 a 5,631 en noviembre del mismo año, un aumento del 83%, según registros de la Contraloría General de la República. Aunque entre junio y julio hubo un recorte de 1,377 plazas tras una auditoría, los meses siguientes registraron un incremento de 1,558 funcionarios, evidenciando la expansión sostenida del personal legislativo.

La demanda sigue su curso en el despacho de la magistrada de la CSJ, Miriam Cheng, y la opinión del procurador podría ser un elemento clave para determinar la constitucionalidad de la Ley 429.

Fuente: La Prensa

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