Miles de manifestantes se movilizaron este jueves en el centro de Buenos Aires para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicatos de distintos sectores, movimientos sociales y organizaciones políticas confluyeron en la Plaza de Mayo en una de las protestas más numerosas desde que el Gobierno envió el proyecto al Congreso.

La iniciativa, denominada Ley de Modernización Laboral, es vista por las centrales obreras como un giro estructural que redefine derechos adquiridos. Desde el escenario montado frente a la Casa Rosada, los discursos coincidieron en un diagnóstico común: la reforma no moderniza el mercado de trabajo, sino que abarata costos laborales y profundiza la precarización.

“Rechazamos esta reforma porque propone mano de obra más barata y menos derechos”, sostuvo Johana Duarte, referente del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. A su juicio, el argumento oficial de que la flexibilización permitirá reducir la informalidad “no se sostiene en la experiencia histórica”. “Quitar derechos a quienes están registrados no genera inclusión para quienes están fuera del sistema”, remarcó.

En la misma línea, Duardo Coppola, del Sindicato de Electricidad y Energía de General Pueyrredon, calificó el proyecto como funcional a intereses externos y acusó al Ejecutivo de importar un modelo ajeno a la realidad laboral argentina.

La CGT difundió un comunicado en el que definió la reforma como “un ataque directo a las y los trabajadores” y advirtió que el texto “intenta arrasar con derechos históricos y debilitar al movimiento obrero organizado”. Para la central, el objetivo de fondo es imponer un esquema de relaciones laborales con trabajadores “disciplinados, baratos y sin capacidad de negociación colectiva”.

Qué plantea la reforma

El proyecto enviado por el Ejecutivo introduce cambios de amplio alcance. Entre los puntos centrales se encuentra la posibilidad de ampliar la jornada laboral de ocho a doce horas, siempre que exista acuerdo entre las partes; la reducción y redefinición de las indemnizaciones por despido; y una ampliación del concepto de servicios esenciales, lo que limitaría el derecho de huelga en sectores como educación y salud.

La iniciativa también modifica la base de cálculo de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como vacaciones, aguinaldo y premios, y establece topes máximos. Para financiar estos pagos, se habilita la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, alimentado con un aporte del empleador equivalente al 3% de la masa salarial. En paralelo, las empresas reducirían en ese mismo porcentaje sus contribuciones al sistema jubilatorio estatal.

Otro punto controvertido es la habilitación de pagos por productividad o mérito, negociados a nivel de empresa, y la flexibilización en la forma de pago del salario, que podría incluir dinero, especie, alojamiento o alimentos, eliminando límites vigentes.

En materia de huelga, el texto ratifica el marco fijado por un decreto presidencial de 2023, que establece restricciones más severas en actividades consideradas de “importancia trascendental”.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la iniciativa al afirmar que se trata de “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, necesaria —según el oficialismo— para actualizar un sistema que consideran obsoleto y poco atractivo para la inversión.

La calle como escenario

La protesta avanzó por distintas arterias del centro porteño y estuvo acompañada por paros parciales, especialmente en la administración pública y en el control del tráfico aéreo. Un fuerte operativo de seguridad rodeó la Plaza de Mayo, mientras columnas de manifestantes ingresaban desde distintos puntos de la ciudad.

“El proyecto busca que los trabajadores compitan entre sí y pierdan fuerza colectiva”, afirmó Julio Barroso, empleado de la industria química y delegado sindical. A su entender, la reforma promueve una lógica individualista que debilita la capacidad de defensa frente al empleador.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue aún más duro en sus críticas. Calificó la iniciativa como “una barbaridad” y sostuvo que coloca a los empresarios en una posición de control que excede el ámbito laboral. “Este proyecto no es compatible con un sistema democrático”, afirmó.

Debate en el Senado

Mientras las calles se colmaban de manifestantes, el Senado inició el análisis del proyecto en comisión. El ministro de Trabajo, Julio Cordero, defendió la propuesta al argumentar que la legislación vigente “paraliza la contratación” debido al temor empresarial a los conflictos laborales.

Aunque se prevén modificaciones durante el trámite parlamentario, el oficialismo confía en avanzar con el respaldo de aliados y sectores opositores moderados, pese al rechazo del peronismo y de la mayoría de las centrales sindicales. De aprobarse, los gremios ya anticiparon que impulsarán impugnaciones judiciales.

“Les decimos a los senadores que midan las consecuencias de su voto”, advirtió Octavio Argüello, del sindicato de camioneros, durante la movilización. “Esto no es solo una ley: es el futuro del trabajo y de la dignidad”, concluyó.

La reforma llega en un contexto político favorable para el oficialismo, tras el fortalecimiento parlamentario de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, la masiva respuesta sindical deja en claro que el debate laboral será uno de los principales focos de tensión social y política en la Argentina de Milei.

Fuente: France 24