Panamá: Mulino objeta parcialmente ley de resocialización por conflictos legales y duplicidad institucional

Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó de forma parcial el proyecto de ley No. 153, impulsado por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, que proponía la creación de un Programa de Incentivos y Oportunidades de Empleo para personas resocializadas. El Ejecutivo consideró que, pese a su intención social, la iniciativa presenta deficiencias de diseño institucional y riesgos fiscales que la vuelven incompatible con el marco jurídico vigente.

La objeción, sustentada en un análisis jurídico y técnico remitido a la Asamblea Nacional en noviembre pasado, se enmarca en la línea política del mandatario de reforzar el orden administrativo del Estado, evitar duplicidades y frenar proyectos legislativos que, a su criterio, carecen de evaluación técnica y de impacto.

En su comunicación al Legislativo, Mulino subrayó que no es viable aprobar leyes “sin claridad institucional ni sustento técnico”, aunque reconoció que el objetivo del proyecto —facilitar la reinserción social y laboral de personas resocializadas y en situación de riesgo— es constitucionalmente legítimo y responde a principios como el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y la protección de sectores vulnerables.

No obstante, el Ejecutivo advirtió que el mecanismo planteado entra en conflicto directo con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y asigna de manera exclusiva al Ministerio de Gobierno la responsabilidad sobre la política penitenciaria, los procesos de resocialización y la reinserción pospenitenciaria.

Según el análisis presidencial, el proyecto crea “un sistema paralelo y contradictorio” al marco legal actual, al otorgar al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) funciones clave como la certificación de la condición de persona resocializada, la administración del programa y la recomendación para la contratación laboral de los beneficiarios.

Para el Ejecutivo, esta estructura invade competencias ya definidas por ley sin una reforma expresa del régimen que regula el sistema penitenciario. Mulino advirtió que permitir la intervención decisiva de dos ministerios en un mismo proceso genera confusión operativa, inseguridad jurídica y superposición de funciones.

El documento de objeción recoge además criterios del propio Ministerio de Gobierno, que recordó que la certificación de resocialización debe basarse en evaluaciones técnicas y en un seguimiento psicosocial especializado, tareas que ya realizan unidades creadas específicamente para acompañar a las personas liberadas en su proceso de reintegración social y laboral.

Fuente: La Estrella de Panamá

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