Gobierno alista reforma electoral para reducir gasto y tamaño del Congreso
México
El Poder Ejecutivo afina una nueva iniciativa de reforma electoral con el objetivo de disminuir el costo del sistema político-electoral, particularmente el financiamiento público a partidos y el tamaño del Congreso. La propuesta sería enviada al Legislativo al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2026.
El planteamiento parte de un diagnóstico claro: el gasto electoral mantiene una tendencia al alza debido a disposiciones constitucionales y legales que obligan a sostener una estructura cada vez más costosa. Tan sólo en 2026, el financiamiento público en materia político-electoral a nivel federal superará los 25 mil 585 millones de pesos.
De ese total, el Instituto Nacional Electoral (INE) ejercerá 14 mil 99 millones de pesos. La mayor parte corresponde al presupuesto base, con 12 mil 325 millones destinados principalmente al pago de nómina, mientras que mil 754 millones se asignarán a proyectos específicos.
A ello se suman 7 mil 737 millones de pesos para las prerrogativas de los partidos políticos, un monto que crece de manera constante, ya que su cálculo depende del padrón electoral y está fijado en la Constitución. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contará con cerca de 3 mil 749 millones de pesos.
Este panorama nacional debe complementarse con el gasto que ejercen las entidades federativas. Los 32 organismos públicos locales electorales (Oples), los partidos políticos locales y los tribunales electorales estatales reciben recursos determinados por cada Congreso local, lo que genera un esquema de financiamiento fragmentado y variable.
En el caso del INE, los recursos para proyectos específicos incluyen 353.4 millones de pesos para coadyuvar en la organización de la elección de diputados en Coahuila, así como 395.5 millones para iniciar la planeación de la elección federal de 2027, cuyo proceso arranca formalmente en septiembre de 2026.
El resto del presupuesto se destinará a actividades de fortalecimiento de la cultura democrática, tareas administrativas, actualización del padrón electoral y la preparación de los comicios judiciales de 2027, para los cuales se prevé una partida de 138 millones de pesos.
Durante una audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral, realizada el pasado 29 de noviembre, la ex secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, advirtió que en los últimos 35 años los órganos electorales federales y locales han registrado un crecimiento sostenido en sus nóminas, sin una planeación integral. Señaló que entre 63 y 69 por ciento del presupuesto se destina al pago de personal.
El debate se intensificó tras el ajuste al presupuesto del INE, que implicó un recorte de mil millones de pesos respecto a su solicitud original. Mientras consejeros electorales alertaron que estas reducciones ponen en riesgo el funcionamiento del sistema democrático, los promotores de la reforma sostienen que existen gastos duplicados y erogaciones injustificadas.
La discusión se dará en un contexto marcado por antecedentes recientes. En 2023, la llamada reforma electoral “plan B” fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, en 2024, se aprobaron cambios en materia de reelección, financiamiento y regulación de partidos.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una nueva revisión del modelo electoral. Entre los ejes centrales de su propuesta se encuentra la reducción del número de diputaciones y senadurías, así como una disminución general del financiamiento público a partidos y del costo de los procesos electorales. El tema anticipa un nuevo frente de debate político y legislativo en 2026.
Fuente: La Jornada
Resumen y contexto
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Gobierno alista reforma electoral para reducir gasto y tamaño del Congreso México El Poder Ejecutivo afina una nueva iniciativa de reforma electoral con el objetivo de disminuir el costo del sistema político-electoral, particularmente el financiamiento público a partidos y el tamaño del Congreso. La propuesta sería enviada al Legislativo al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2026. El planteamiento parte de un diagnóstico claro: el gasto electoral mantiene una tendencia al alza debido a disposiciones constitucionales y legales que obligan a sostener una estructura cada vez…
