El derecho a la ciudad: Hacia ciudades justas, inclusivas y sostenibles

Mauricio Palomares G. /  IG @mautopista

El derecho a la ciudad es un concepto que engloba los principales problemas de las ciudades y los asentamientos urbanos, tales como la urbanización rápida, la exclusión social, el riesgo ambiental, la pobreza y la falta de servicios públicos. En el documento de política 1: Derecho a la Ciudad y Ciudades para Todos, elaborado por el Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible (Hábitat III), se define este derecho como “el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, definido como un bien común esencial para la calidad de vida” (ONU, 2016: 5). Este documento enfatiza que el derecho a la ciudad incluye todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, estableciendo una aplicación universal e interrelacionada con estos derechos.

Otro documento importante, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, define este derecho como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social” (ONU-Hábitat, 2004). La Carta subraya que la ciudad, como un espacio colectivo culturalmente diverso, pertenece a todos sus habitantes, tanto en su dimensión física (metrópolis, urbes, villas) como en su dimensión política (instituciones y actores que gestionan la ciudad).

La Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, desarrollada por la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, establece que “todas las personas que habitan en la ciudad tienen derecho a una ciudad constituida como una comunidad política municipal que asegure condiciones adecuadas de vida a todos y procure la convivencia entre todos sus habitantes y la autoridad municipal” (Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, s/f: s/p). Además, enfatiza que la ciudad debe ofrecer a sus habitantes los medios necesarios para el ejercicio de sus derechos y el respeto a la dignidad de todos.

Esta interrelación entre derechos humanos, dignidad y el derecho a la ciudad también se refleja en la Carta Europea para la Salvaguarda de los Derechos en la Ciudad, que define la ciudad como un “espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes, quienes tienen derecho a encontrar condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad” (Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, s/f: s/p).

A nivel nacional, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) en México conceptualiza el derecho a la ciudad como “aquel que busca garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos” (Artículo 4, fracción I). Este enfoque es compartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su estudio sobre ciudades sostenibles y derechos humanos.

La Constitución Política de la Ciudad de México (2017) también reconoce el derecho a la ciudad, definiéndolo como “el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad y sustentabilidad” (Artículo 12). Esta Constitución resalta la dimensión colectiva de este derecho, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y la justicia territorial.

En esencia, todas estas definiciones coinciden en señalar que la ciudad no debe ser entendida únicamente como un espacio geográfico, sino como un escenario propicio para el desarrollo integral de los habitantes. La interrelación e interdependencia con los derechos humanos subraya la importancia de generar inclusión y proteger a los grupos marginados y vulnerables, con el objetivo de crear ciudades para todos, sin discriminación.

La creación de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles implica que el Estado, la comunidad y las instituciones trabajen juntos para empoderar y proteger a las personas, eliminando barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. La ONU-Hábitat destaca la importancia de fomentar la resiliencia urbana para enfrentar los desafíos globales de la urbanización masiva, el cambio climático y la inestabilidad política.

La sostenibilidad es un elemento clave del derecho a la ciudad. Según el Diccionario esencial de la lengua española, algo sostenible es “aquello que puede mantenerse por sí mismo” (RAE, 2006: 1385). La ONU define el desarrollo sostenible como “el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987: s/p).

En conclusión, el derecho a la ciudad es un concepto integral que aboga por la creación de ciudades más justas, inclusivas y sostenibles, garantizando el bienestar y el desarrollo integral de todos sus habitantes.

Resumen y contexto