Costa Rica
La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de reformar la Ley de Contratación Administrativa, buscando garantizar que las empresas contratadas por el Estado cumplan con sus obligaciones laborales. Esta iniciativa, identificada con el expediente 24.547, responde a la necesidad de regular la subcontratación de servicios, una práctica ampliamente utilizada por la Administración Pública.
Alfaro destacó que la subcontratación puede vulnerar los derechos laborales al crear regímenes de contratación distintos dentro de las empresas, lo que dificulta la supervisión del cumplimiento legal en relación con los trabajadores subcontratados. “El problema radica en que los trabajadores subcontratados están expuestos a una posible desprotección si la empresa contratante no cumple con sus obligaciones laborales”, explicó la diputada.
El proyecto de ley propone modificaciones en la Ley de Contratación Pública. Entre las reformas destacadas se encuentran el cambio del inciso f) del artículo 14, que trata sobre la obligación de los oferentes y contratistas de pagar la póliza de riesgos de trabajo, y el ajuste del inciso r) del artículo 119, que establece las causales de sanción por incumplimiento en el pago de salarios, aguinaldos, jornadas laborales y otras obligaciones, así como la falta de pago de la póliza de riesgos de trabajo.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022, en Costa Rica, un 30,2% de los trabajadores no tienen seguro de trabajo, un 27,7% carece de seguro por riesgos laborales, un 50,8% no recibe pago por horas extra, un 20,9% trabaja más de 48 horas seguidas y un 15,1% no percibe el salario mínimo.
Fuente: CR Hoy
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Costa Rica La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de reformar la Ley de Contratación Administrativa, buscando garantizar que las empresas contratadas por el Estado cumplan con sus obligaciones laborales. Esta iniciativa, identificada con el expediente 24.547, responde a la necesidad de regular la subcontratación de servicios, una práctica ampliamente utilizada por la Administración Pública. Alfaro destacó que la subcontratación puede vulnerar los derechos laborales al crear regímenes de contratación distintos dentro de las empresas, lo que dificulta la…
