México
En una sesión privada que se prolongó por más de seis horas y finalizó en la madrugada del viernes 2 de mayo, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro. Ambos son señalados por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la contratación irregular de patrullas de seguridad pública.
La decisión coloca a los dos exfuncionarios a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ahora podrá formalizar la acusación ante un juez y avanzar en el proceso judicial.
De acuerdo con la FGE, Vargas Landeros y García Castro autorizaron de forma indebida la renta de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos mediante adjudicación directa, evitando el procedimiento de licitación pública que exige la ley. Las auditorías estatal y federal también detectaron un daño patrimonial superior a los 14.5 millones de pesos al comprobar que el servicio contratado no fue prestado durante el ejercicio fiscal 2024.
La sesión legislativa, iniciada a las 20:15 horas del jueves 1 de mayo, se desarrolló en estricto sigilo. Ni la prensa ni dispositivos electrónicos tuvieron acceso. Solo estuvieron presentes legisladores y representantes de la fiscalía, en medio de un operativo de seguridad. Durante la jornada, la fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, presentó dos expedientes que superan las 160 páginas cada uno. A pesar de haber sido notificados, ninguno de los acusados acudió a ejercer su derecho de defensa ante el pleno.
La votación para retirar el fuero a Gerardo Vargas ocurrió pasada la medianoche; horas más tarde, también se aprobó el desafuero del legislador Genaro García. Ambos procedimientos recibieron el respaldo unánime de los diputados presentes.
Antes de que se confirmara la pérdida de su fuero, Vargas Landeros publicó un video en redes sociales donde anunció haber solicitado licencia temporal al Cabildo de Ahome. En su mensaje, calificó el proceso como una “acción injusta y sin fundamento”, y dijo que no huirá. Aseguró que todo obedece a un temor por su crecimiento político y defendió su gestión al frente del municipio, que —según afirmó— es uno de los más seguros del país, citando cifras del INEGI.
Tras la votación, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, anunció que este mismo viernes se convocará una nueva sesión para designar al nuevo alcalde o alcaldesa de Ahome. La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación será la encargada de emitir el dictamen, y una comisión legislativa viajará a Ahome para formalizar el nombramiento.
No es la primera vez que el nombre de Vargas Landeros aparece vinculado a temas polémicos. A lo largo de los años, ha enfrentado acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico. Un reciente reportaje del periodista Luis Chaparro indica que la solicitud de desafuero podría estar relacionada con nuevas evidencias que lo conectarían con el crimen organizado, en particular con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.
Según Chaparro, autoridades de Estados Unidos habrían alertado al gobierno mexicano sobre una investigación en curso que incluiría grabaciones y otros elementos incriminatorios. En tanto, la periodista Anabel Hernández ha documentado que en 2017, Vargas fue padrino de bodas de la hija de Jesús Antonio “Chuy Toño” Aguilar Íñiguez, exjefe policiaco presuntamente ligado a Zambada. A la ceremonia, celebrada en Mazatlán, asistieron también exfuncionarios que, según versiones periodísticas, hoy están bajo la lupa de la DEA.
Con el retiro de su fuero, el futuro político y legal de Gerardo Vargas Landeros queda ahora en manos del Poder Judicial.
Fuente: Infobae
Resumen y contexto
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México En una sesión privada que se prolongó por más de seis horas y finalizó en la madrugada del viernes 2 de mayo, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro. Ambos son señalados por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la contratación irregular de patrullas de seguridad pública. La decisión coloca a los dos exfuncionarios a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ahora podrá formalizar…
