El Gobierno de Keiko Fujimori ha declarado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 60 días, en respuesta al persistente aumento de la violencia y la criminalidad en estas zonas. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, faculta a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a intervenir de manera más directa en las calles, con el objetivo de frenar los índices delictivos que han generado creciente preocupación en la ciudadanía.
Durante el primer mes de gestión de Fujimori, el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) registró 151 homicidios en todo el país, de los cuales más del 75% fueron cometidos con armas de fuego. Lima concentra el mayor número de casos, con 48 muertes violentas contabilizadas desde la asunción presidencial. Este contexto de inseguridad ha llevado al Ejecutivo a adoptar una medida excepcional que implica la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión, entre otros.
La implementación de esta norma contempla que la Policía determine las áreas de intervención basándose en información de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas de criminalidad. Las Fuerzas Armadas también podrán participar apoyando las acciones de seguridad, respetando las regulaciones sobre el uso de la fuerza. Además, se restringirá la realización de eventos masivos, que requerirán autorización previa de las autoridades, mientras que actividades de menor escala podrán desarrollarse sin ese requisito.
En paralelo, el decreto incluye medidas específicas para el control de los penales, como el apagón eléctrico en las celdas —manteniendo solo la iluminación mínima— y la eliminación de antenas ilegales de telecomunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios. Las fuerzas integradas serán responsables de la vigilancia perimetral durante el estado de emergencia. Asimismo, se ordena la permanencia en sesión continua de los órganos de seguridad ciudadana y la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, liderado por el comandante general de la Policía Nacional.
La declaración llega en medio de un descontento creciente entre gremios de transportistas, quienes han denunciado una ola de extorsiones que ha afectado su labor pese a los operativos policiales y militares implementados. La convocatoria a un paro nacional en Lima y Callao el pasado 25 de agosto evidenció la frustración del sector ante la falta de resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Aunque la protesta fue desactivada tras negociaciones con el Gobierno, la inseguridad sigue siendo una demanda central no resuelta.
Esta nueva fase de emergencia plantea un desafío mayúsculo para el Ejecutivo, que deberá demostrar que las restricciones y despliegues militares pueden revertir las cifras de violencia que afectan a la capital y al principal puerto del país. La persistencia de homicidios y ataques armados mantiene en alerta a la población y pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana en un contexto complejo.
El estado de emergencia es una herramienta contemplada en la legislación peruana para situaciones excepcionales que amenacen el orden público, pero su uso prolongado y las limitaciones a derechos fundamentales siempre generan debates sobre el equilibrio entre seguridad y garantías civiles. En este sentido, el Gobierno deberá transparentar sus acciones y resultados para sostener la confianza social mientras avanza en su estrategia contra la violencia urbana.
Para comprender mejor el marco legal y los antecedentes sobre el uso del estado de emergencia en Perú, así como las estadísticas de criminalidad recientes, puede consultarse la información oficial del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Además, la gravedad de la inseguridad en zonas urbanas es un fenómeno que diversas organizaciones internacionales como la ONU y la OCDE analizan en sus informes sobre seguridad ciudadana y desarrollo urbano.
