En México, la paz se construye con justicia social.
Por: Nancy Sánchez Arredondo
Los logros alcanzados por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien rindió cuentas a las y los mexicanos, no pueden leerse sólo como un recuento administrativo: es, ante todo, la constatación de que una manera radicalmente distinta de ejercer el poder está echando raíces en México.
Con justicia destacó que lo más trascendente no es la magnitud de este enorme esfuerzo, sino el alumbramiento de un paradigma que coloca la dignidad humana en el centro de cada decisión presupuestal, y que lo hace sin los aspavientos refundacionales que en otras latitudes latinoamericanas terminaron aislando a sus pueblos del desarrollo compartido.
El llamado “humanismo mexicano” es la apuesta por desmontar, sin estridencias pero con firmeza quirúrgica, aquel neoliberalismo descarnado que durante décadas concentró la riqueza nacional en un centenar de familias mientras fabricaba pobreza a escala industrial.
La diferencia sustancial con otras experiencias de nuestra América es que esta izquierda no busca abolir el mercado ni declarar la guerra al capital; pretende humanizarlo, inyectarle un alma redistributiva que se traduzca en salarios dignos y en una jornada laboral que no despoje al trabajador de su vida privada. Ver prosperar ese propósito desde fuera provoca una mezcla de esperanza y asombro, porque demuestra que es posible desafiar la receta única sin incendiar los puentes del intercambio global.
Donde el neoliberalismo impuso la caridad focalizada y humillante, este gobierno ha sembrado derechos universales. Los números son fríos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores llega puntualmente a 12.3 millones de derechohabientes con un monto que hoy es de 6,250 pesos bimestrales, un 135 por ciento superior al que recibían en 2018. A eso se suman 4.9 millones de estudiantes con Beca Universal “Rita Cetina” y 2.1 millones de madres trabajadoras que por primera vez ven reconocido en un apoyo económico el valor incalculable del cuidado. dejaron de ser una limosna para convertirse en un piso firme y solidario con la sociedad.
Ese tránsito, profundamente humano, toca la médula de lo que significa pertenecer a una comunidad política: la certeza de que existir no es un privilegio que se merece, sino un hecho que obliga al Estado. La reducción tangible de la pobreza en más de 13 millones de personas que reporta el informe no es un número alentador; es la vida de millones que ya no tienen que elegir entre comprar medicina o llenar la despensa.
En materia laboral el salario mínimo, que en 2018 era una sentencia de miseria de 88 pesos diarios, alcanza hoy los 278 pesos; en la Zona Libre de la Frontera Norte llega a 42 pesos. El poder adquisitivo del trabajador más humilde se ha más que duplicado, y lo hemos acompañado de una reforma laboral que aprobamos en un proceso gradual la jornada de 40 horas semanales, porque la productividad no puede seguir midiéndose en desgaste físico sino en calidad de vida.
Frente a uno de los retos más lacerantes, la inseguridad, el gobierno actúa con una brújula distinta. Se emplea inteligencia financiera y operativa para desarticular estructuras criminales, pero al mismo tiempo se atienden las causas profundas que durante décadas fueron ignoradas: se reconstruye tejido social, se abren escuelas, se dignifican barrios olvidados y se ofrece a los jóvenes una alternativa de futuro que no pase por la economía ilegal.
Este esfuerzo ya arroja resultados que el cinismo mediático no puede ocultar: los homicidios dolosos han disminuido un 24 por ciento respecto al máximo histórico de 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La diferencia con el pasado es radical: ya no hay guerra contra el pueblo; hay inteligencia financiera que ha congelado 38 mil cuentas bancarias ligadas a la delincuencia organizada, hay desarticulación de 2 mil 800 células criminales mediante operativos quirúrgicos y, sobre todo, hay un abordaje integral de las causas. Más de 2.3 millones de jóvenes han sido acogidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que les paga un salario mientras se capacitan, arrebatándoselos a la economía criminal que antes los miraba como carne de cañón.
Sería deshonesto no admitir que los desafíos siguen siendo enormes; sin embargo, la novedad es que el Estado mexicano ya no mira hacia otro lado ni criminaliza la pobreza: asume que la paz se construye con justicia social y con una presencia institucional que no es represora, sino reparadora.
Este esfuerzo interno se despliega bajo una presión internacional feroz. La ultraderecha liderada por sectores crecientemente influyentes de Estados Unidos observa con hostilidad cualquier proyecto que demuestre que un capitalismo sin alma puede ser reformado desde la democracia. México resiste esa embestida sin aislarse y sin rendirse. La izquierda mexicana ha evolucionado: ya no sueña con estatuas ni con dogmas de otro siglo, sino con un Estado eficaz que le ponga límites al abuso y que redistribuya la riqueza sin matar la iniciativa individual.
Esa madurez distingue a la nueva izquierda y es lo que la convierte en un espejo incómodo para quienes predican que fuera del ajuste perpetuo y la desigualdad brutal sólo hay caos. Visto todo esto con honestidad, el caso mexicano adquiere una dimensión esperanzadora. Mientras en otras regiones la extrema derecha despliega una tiranía depredadora —que saquea emociones populares para luego asfixiar aún más al débil—, aquí se levanta una forma de gobernar que cabalga sobre la ternura institucional.
La presidenta Sheinbaum ha resistido con dignidad republicana intentos de injerencia, amenazas arancelarias y un constante acoso diplomático que busca descarrilar nuestra soberanía energética y alimentaria. Y lo hace con el respaldo popular más apabullante del continente: su aprobación ciudadana se mantiene en un 78 por ciento, de acuerdo con la encuesta más reciente de Enkoll, porque México supo distinguir entre quien le tiende una mano solidaria y quien le ofrece sumisión, nuestra Presidenta no gobierna para una facción; gobierna con la convicción de que la patria se repara cuando el mercado deja de ser un altar de sacrificios humanos y se convierte en una herramienta al servicio del bienestar colectivo.
Esa vocación, silenciosa pero irreversible, está escribiendo la página más profundamente humana de la democracia latinoamericana contemporánea, y el mundo, aunque a veces no quiera, está obligado a leerla.
