Sheinbaum defiende el envío de 37 presos a EE.UU. y subraya que fue una decisión soberana
México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el Gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 37 personas privadas de la libertad, acusadas de delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de armas y personas, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense. La mandataria sostuvo que la decisión fue evaluada caso por caso por el Gabinete de Seguridad y respondió a criterios de seguridad nacional, no a presiones políticas externas.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum rechazó que el traslado haya sido resultado de una petición directa del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien sostuvo recientemente una llamada telefónica. “Se pone primero a México, por encima de todo. Aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana”, afirmó. Según explicó, las solicitudes provinieron formalmente del Departamento de Justicia y fueron analizadas por las autoridades mexicanas para determinar su conveniencia.
Este operativo representa el tercer traslado de este tipo en el primer año del segundo mandato de Trump y eleva a 92 el número total de presos enviados a Estados Unidos en los últimos meses. Se trata, de acuerdo con fuentes oficiales, de perfiles considerados de alto impacto tanto para las autoridades estadounidenses como para el Estado mexicano, al estar vinculados con estructuras relevantes del crimen organizado.
La lista incluye líderes criminales, operadores logísticos, sicarios y colaboradores de al menos seis organizaciones delictivas que se encuentran bajo la lupa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para el Gobierno mexicano, varios de estos internos representaban un riesgo persistente, incluso dentro del sistema penitenciario nacional, debido a su capacidad de operación y reincidencia.
En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró públicamente el traslado mediante un mensaje en redes sociales. En su publicación, calificó la acción como una muestra de la “voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles” y aseguró que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha alcanzado un nivel “histórico” desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, hace un año.
Sheinbaum respondió a esas declaraciones insistiendo en que el envío de los presos se inscribe en los mecanismos formales de cooperación entre ambos países. “Es parte de la mesa de trabajo bilateral en materia de seguridad. No tiene implicaciones mayores”, señaló, al tiempo que descartó que se trate de una concesión política o de un gesto para satisfacer demandas del vecino del norte.
La presidenta argumentó que permitir que los detenidos enfrenten sus procesos judiciales bajo el sistema estadounidense puede beneficiar directamente a México. Como ejemplo, mencionó el caso de Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, colaborador cercano de Juan Carlos Valencia González, conocido como El R3, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Gómez Núñez había sido detenido en al menos tres ocasiones por delitos graves, incluyendo secuestro, tortura y asesinato, pero logró en el pasado obtener prisión domiciliaria y volver a operar.
Sheinbaum detalló que, tras recibir la solicitud del Departamento de Justicia, el Gabinete de Seguridad —encabezado por el secretario Omar García Harfuch— realizó un análisis de triaje. “La pregunta central fue: ¿es importante para México?, ¿ayuda a disminuir la violencia, sí o no? Con base en eso se tomó la decisión”, explicó. El traslado se realizó en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, que llevaron a los detenidos para ser puestos a disposición de la justicia estadounidense.
Ante la posibilidad de que algunos de los trasladados reciban beneficios judiciales a cambio de colaborar con las autoridades de Estados Unidos, como ocurrió con familiares de Joaquín El Chapo Guzmán que cumplen condena en Chicago, la presidenta aseguró que México solicitará el intercambio de la información que se obtenga. Asimismo, indicó que, en caso de que se confisquen bienes o propiedades a los detenidos, el Gobierno mexicano reclamará la parte que corresponda conforme a la ley.
Con estas acciones, el Ejecutivo federal busca reforzar su narrativa de que la cooperación internacional en seguridad no está reñida con la soberanía, y que las decisiones adoptadas responden a una estrategia orientada a reducir la violencia y debilitar las estructuras del crimen organizado dentro del territorio nacional.
Fuente: El País
