Multan al presidente Gustavo Petro por desacato a tutela sobre acusaciones contra dueño de Coosalud
El Juzgado 24 Administrativo impone multa por no rectificar declaración que afectó el buen nombre de Jaime Miguel González Montaño
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue sancionado el 15 de abril de 2026 por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, tras incumplir una orden judicial que le requería rectificar una afirmación en la que calificó de “bandido” a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud. La multa impuesta equivale a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes y mantiene abierto el proceso hasta que se cumpla la orden judicial.
Detalles del proceso y motivo de la sanción
El desacato se originó luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al presidente corregir la declaración que afectaba el buen nombre de González Montaño, tras una tutela presentada en defensa de sus derechos. Al no acatar dicha orden en los términos establecidos, el juzgado concluyó que Petro incurrió en desacato, lo que motivó la imposición de la multa.
El documento judicial señala que la sanción tiene un carácter correctivo y que, de persistir el incumplimiento, podrá reiterarse. Además, aclara que la multa no exime al mandatario de la obligación de restablecer los derechos vulnerados.
Seguimiento y consecuencias legales
El juzgado formalizó la declaración de desacato y remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el trámite correspondiente. También advirtió que el caso permanecerá bajo vigilancia judicial hasta que se verifique el cumplimiento total de la orden o cesen las causas que originaron la vulneración.
El presidente tiene la opción de acatar la rectificación ordenada o ejercer los mecanismos legales pertinentes para controvertir la decisión, en consonancia con la normativa vigente.
Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar las decisiones judiciales que protegen el derecho al buen nombre y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a sus declaraciones. Para más información sobre derechos y procedimientos judiciales en Colombia, puede consultarse la página oficial del Gobierno de Colombia.
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