Reforma pendiente en la jubilación del magisterio peruano cumple casi 20 años sin concretarse
La reforma meritocrática docente logró avances, pero la implementación integral de la jubilación sigue incompleta
El Perú inició hace casi dos décadas una reforma educativa basada en la meritocracia para fortalecer la carrera docente, estableciendo evaluaciones, concursos y formación continua. Sin embargo, la reglamentación y aplicación de la Ley de Pensiones Dignas para los docentes cesantes y jubilados aún está pendiente, a pesar de que el plazo para su implementación venció el 15 de julio de 2026. Esta situación plantea un desafío político y fiscal para el Estado, que debe garantizar una jubilación justa y sostenible para los maestros que dedicaron su vida a la educación pública.
Avances y desafíos en la carrera pública magisterial
La política de meritocracia docente comenzó durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) con el ministro José Antonio Chang y fue consolidada en gobiernos posteriores, incluyendo el de Ollanta Humala. Esta reforma ha logrado que más del 70% de los docentes en la escuela pública pertenezcan a la Carrera Pública Magisterial, fortaleciendo el desarrollo profesional y la calidad educativa.
No obstante, cerca de 160 mil docentes cesantes y jubilados reciben pensiones bajas, que en muchos casos oscilan entre 400 y 800 soles mensuales. Además, más de la mitad de los maestros activos tienen entre 50 y 65 años, lo que anticipa una renovación generacional y la necesidad de fortalecer la formación inicial de los futuros docentes.
La importancia de culminar la reforma de pensiones
El vencimiento del plazo para reglamentar la Ley de Pensiones Dignas evidenció la falta de decisión política para concluir un proceso que involucra al Ministerio de Educación, Economía y Finanzas, la ONP y la SBS. Sin embargo, la vigencia de la ley obliga al nuevo gobierno a avanzar en su implementación.
Un argumento recurrente contra la ley ha sido su costo fiscal, pero expertos señalan que el verdadero reto es construir una política pública sostenible y responsable. La jubilación no debe verse como un beneficio adicional, sino como la etapa final coherente con la exigencia meritocrática que se aplicó durante toda la carrera docente.
El Estado peruano ha demostrado capacidad para financiar políticas públicas prioritarias, como la reciente reforma pensionaria para militares y policías, que requiere una inversión estimada en 14 mil millones de soles, cifra que triplica los recursos necesarios para garantizar pensiones mínimas dignas a los docentes.
Propuestas y responsabilidades para el gobierno y el Congreso
Las organizaciones de docentes cesantes y jubilados han presentado diversas propuestas para hacer viable la implementación, como la revisión de exoneraciones tributarias y una mejor priorización del gasto público. Culminar esta reforma requiere no solo recursos, sino la voluntad política de convertir una ley vigente en una política pública efectiva.
El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y el Congreso de la República tienen la responsabilidad de avanzar en la reglamentación y fiscalización para garantizar que los docentes puedan retirarse con una jubilación digna, cerrando así un ciclo iniciado hace casi 20 años.
La reforma meritocrática docente es uno de los pilares para mejorar la educación en el Perú. Completarla con una jubilación justa permitirá que la carrera docente sea coherente desde el ingreso hasta el retiro, fortaleciendo una política pública esencial para el desarrollo del país. Para más detalles oficiales sobre políticas educativas y laborales, puede consultarse el portal del Ministerio de Educación.
Image Source: https://larepublica.pe/opinion/2026/08/08/la-jubilacion-la-reforma-pendiente-del-magisterio-por-flor-pablo-medina-hnews-510264
