Policías de Nueva York investigan matrículas para ICE pese a nueva ley estatal
Un informe revela que policías locales colaboran con ICE usando datos de matrículas, mientras entra en vigor una ley que limita esa cooperación
Un informe publicado el 25 de agosto de 2026 expone que policías estatales y municipales de Nueva York han estado utilizando la base de datos de matrículas vehiculares de la empresa Flock Safety para buscar información para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto ocurre justo el día en que entró en vigor una nueva ley estatal que restringe la cooperación entre policías locales y ICE para proteger los derechos de inmigrantes.
Uso de la tecnología de lectura de matrículas para colaboraciones con ICE
El reporte, elaborado por el grupo de defensa de la privacidad Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) y la organización de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, detalla que las fuerzas policiales han accedido a la red de cámaras de lectura automática de matrículas de Flock Safety. Esta tecnología captura imágenes de cada vehículo que pasa frente a sus cámaras instaladas en vías públicas.
El informe llamado Flock Favors: NY Police Collaboration With ICE documenta búsquedas en la base de datos asociadas a ICE en el condado de Nassau (Long Island), así como en los municipios de Beacon, Glen Cove y Cheektowaga. También se identificaron patrones de búsqueda vinculados al New York Fusion Center, un centro de inteligencia que integra agencias locales, estatales y federales.
Detalles de las búsquedas
Según los datos revisados, algunas búsquedas no tenían relación con sospechas de delitos. Por ejemplo, en Nassau se verificaron matrículas sin motivo aparente, mientras que en Beacon y Glen Cove se clasificaron como búsquedas por motivos migratorios civiles o administrativos. En Cheektowaga, se reportaron como búsquedas de personas “Buscadas por ICE”.
El informe advierte que estas búsquedas podrían estar subregistradas o justificadas con motivos falsos para encubrir la colaboración con ICE. Además, el acceso directo de ICE a la base de datos está prohibido, pero los datos son compartidos a través de intermediarios policiales.
Restricciones legales y controversias sobre la cooperación con ICE
La revelación llega en el contexto de la entrada en vigor de la Ley de Policías Locales y Delitos Locales del estado de Nueva York, aprobada en mayo de 2026. Esta norma prohíbe a empleados estatales y municipales usar recursos públicos para hacer cumplir leyes migratorias, salvo en casos que involucren delitos graves que justifiquen la deportación.
Sin embargo, organizaciones defensoras argumentan que la policía local continúa haciendo búsquedas rutinarias en la base de datos de matrículas que no están relacionadas con delitos, lo que consideran un acuerdo informal con ICE y, por ende, ilegal.
La nueva ley también creó la Oficina de Confianza para Inmigrantes adscrita a la Fiscalía General, encargada de supervisar el cumplimiento de estas restricciones, aunque sólo podrá sancionar cuando tenga evidencia documental.
Recomendaciones para proteger la privacidad
S.T.O.P. y LatinoJustice exigen que las autoridades estatales obliguen a los departamentos policiales a documentar exhaustivamente cada consulta realizada en la base de datos de matrículas. Proponen limitar estas búsquedas a fines estrictos de seguridad pública y eliminar los datos capturados en un máximo de 48 horas, salvo que deban conservarse por orden judicial.
Actualmente, Flock Safety opera con más de 120,000 cámaras en 6,000 comunidades de 49 estados, registrando alrededor de 20,000 millones de lecturas de matrículas al mes, lo que genera preocupaciones sobre la vigilancia masiva y la privacidad.
Para más información sobre regulaciones y derechos migratorios, es recomendable consultar fuentes oficiales como el Gobierno de México.
La colaboración entre policías locales y agencias federales de inmigración sigue siendo un tema polémico en Nueva York, especialmente ante el desarrollo de leyes que buscan proteger a la comunidad inmigrante. Este informe pone en evidencia los desafíos para garantizar la transparencia y el respeto a la privacidad en el uso de tecnologías de vigilancia.
