Pliego de cargos contra exgobernador del Guaviare por fallas en proyecto cacaotero
Más del 64 % de campesinos abandonaron la iniciativa financiada con recursos públicos
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Heydeer Yovanny Palacio Salazar, exgobernador del Guaviare (2020-2023), y Nelder Parra, exsecretario de Agricultura y Medio Ambiente, por presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución de un proyecto cacaotero financiado con recursos del Sistema General de Regalías. La iniciativa, que buscaba fortalecer la producción de cacao para unas 500 familias campesinas, fue abandonada por más del 64 % de los beneficiarios, lo que evidencia fallas en la planeación y control de los recursos públicos.
Proyecto con fallas desde su diseño y abandono masivo de beneficiarios
El proyecto tenía como objetivo ofrecer asistencia técnica, insumos agrícolas y acompañamiento, promoviendo así una alternativa económica en zonas rurales afectadas por el conflicto armado en Guaviare y Meta. Sin embargo, la Procuraduría señala que desde la presentación ante el OCAD Paz en julio de 2021, el proyecto no cumplió con los requisitos técnicos necesarios para su viabilidad en fase III, etapa en la que debería estar listo para ejecución.
La responsabilidad principal recae sobre Nelder Parra, quien presentó un documento técnico con inconsistencias en los estudios previos. Además, el proyecto no garantizaba la permanencia de los beneficiarios ni el seguimiento adecuado al uso de insumos. Según el pliego, más del 64,5 % de las familias abandonaron el programa tras recibir insumos como plántulas, fertilizantes y herramientas, lo cual obligó a reemplazar beneficiarios en plena ejecución y generó incertidumbre sobre el destino de los recursos entregados.
Problemas técnicos y financieros agravan la situación
Entre otras deficiencias, el modelo productivo carecía de sistemas de riego adecuados y estrategias para mantener el compromiso de las familias en el proceso, lo que afectó el desarrollo de los cultivos y retrasó los resultados. En el aspecto financiero, se registró un ajuste cercano a 1.890 millones de pesos, justificado por el aumento de precios de insumos y efectos de la pandemia, pero sin respaldo probatorio suficiente, según el ente de control.
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas como faltas graves: culpa grave para Palacio Salazar y dolo para Parra, con base en la hipótesis de negligencia del primero y conocimiento de irregularidades por parte del segundo.
Este caso subraya la importancia de una planificación rigurosa y control transparente en proyectos financiados con recursos públicos para garantizar su sostenibilidad y el beneficio real a las comunidades rurales.
Para conocer más sobre la gestión de recursos públicos y proyectos de desarrollo en Colombia, puede consultarse la información disponible en el portal oficial del Gobierno de Colombia.
